Los planes del Gobierno para la reforma laboral se complican

El histórico acuerdo alcanzado en Europa será un balón de oxígeno para España pero este salvavidas conllevará una serie de contrapartidas que es probable que condicionen el programa del Gobierno de coalición, que tiene entre sus prioridades -al menos antes de que estallara esta crisis- la derogación de la reforma laboral de 2012, una medida que desde Bruselas no ven con buenos ojos, tal y como han manifestado en sucesivas ocasiones. Para recibir el visto bueno a la utilización de este dinero, el Ejecutivo tendrá que poner en marcha una serie de reformas económicas que le marcan desde Bruselas, tal y como sucedió en la anterior crisis. En el caso de España, las imposiciones girarán en torno al mercado laboral, uno de los más endebles de Europa, a la cabeza en temporalidad y con la segunda mayor tasa de paro, y en torno a la reforma de las pensiones, con un sistema de los más generosos pero con un grave problema de sostenibilidad.

Desde el Gobierno quitan importancia a esta condicionalidad de los fondos y tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra portavoz, María Jesús Montero, resaltaron ayer que «las recomendaciones de los organismos internacionales están muy alineadas con las prioridades que hemos marcado por el Gobierno» y pasan por mejorar el funcionamiento del mercado laboral, de la Administración, de los mercados y la política de redistribución. «Se trata de impulsar una serie de transformaciones que llevamos hablando de ello desde el inicio de esta legislatura: transición ecológica, impulso digital, inclusión social...», apuntó Montero desde la Moncloa.

Efectivamente, aunque en ese acuerdo nada se dice expresamente sobre la reforma laboral, a nadie se le escapa que la Comisión se ha erigido como uno de los grandes detractores de esta contrarreforma e incluso en alguna ocasión han ensalzado los beneficios que trajo al mercado laboral. Por eso recientemente Calviño se desmarcó del polémico pacto del PSOE con Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral con carácter urgente, porque supone una piedra en el camino hacia Europa.

«Estas recomendaciones de Europa casan mal con el acuerdo del Gobierno y pueden generar bastantes tensiones», advierte Marcel Jansen, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

No lo ve así el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien declaró ayer que Europa «no solo no impedirá» que el Ejecutivo de coalición siga adelante con los compromisos de su programa de Gobierno, «sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones». Tampoco se dan por vencidos los sindicatos, que insistieron en que continuarán en su empeño de derogar la reforma laboral y la de las pensiones. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ensalzó que la reforma laboral trajo los Erte o la flexibilidad horario y se mostró dispuesto a mejorarla.

Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, no cree que ahora el Gobierno esté «maniatado», sino que estas reformas deben ser «coherentes con las recomendaciones» que hagan desde Bruselas.

En este sentido, resalta que ahora ya no solo tienen que tener en cuenta el impacto económico, sino social.