El título III de la Helms-Burton cumple un año sin consecuencias
BBVA, Meliá, Accor, Iberostar y NH Hoteles han sido demandadas en Estados Unidos
Imagen del Meliá Cohíba de La Habana. ALEJANDRO ERNESTO
El título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que lucren con propiedades decomisadas en Cuba, cumple este sábado su primer año de vigencia sin una avalancha de demandas, pero con efectos negativos en la inversión extranjera en ese país.
Amazon, Visa, BBVA, Mastercard, Barceló, Pernod, Meliá, Expedia, Iberostar, Accor, Royal Caribbean, NH Hoteles, Trivago y MSC son algunas de las más de medio centenar de compañías inicialmente demandadas, aunque algunas de ellas han quedado después excluidas por diversas razones.
Hasta ahora se han presentado 25 demandas al amparo del Título III contra 51 empresas, algunas de ellas incluidas en varias acciones judiciales, de las cuales un 45,4 % son estadounidenses y el resto de diez diferentes países, incluido Cuba. Un 11,3 % de las demandas son a empresas de países de la Unión Europea y entre ellas las españolas son las más numerosas.
¿ÉXITO JUDICIAL O POLÍTICO?
Las cifras son del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, una entidad privada que ha recopilado toda la información del primer año de vigencia.
En un artículo con motivo del aniversario se pregunta si la decisión del presidente Donald Trump de activar el Título III ha sido un éxito «judicial o político», pero no duda en decir que su efecto en Cuba ha sido «corrosivo».
El título tercero de la ley Helms-Burton promulgada en 1996 por Bill Clinton, también llamada Ley Libertad por su propósito declarado de promover la democracia en Cuba, estuvo en suspenso hasta 2019, porque los sucesivos presidentes optaron por no tener problemas con terceros países.
Trump decidió poner esa parte de la ley Helms-Burton al servicio de su política de mano dura hacia la isla caribeña y así el Título III entró en vigor el 2 de mayo de 2019. Su decisión fue recibida con júbilo por la mayoría de los grupos opositores y del exilio cubano, pero el eco en los tribunales no ha sido tan grande como se esperaba en este primer año.
MENOS DINERO PARA LOS «JERARCAS»
La opositora cubana Rosa María Payá considera que «hasta cierto punto ha sido efectiva en disminuir la entrada de capital a los jerarcas del conglomerado militar y el Partido Comunista», según dice a Efe.
A su juicio, la compañías extranjeras que «lucran en la isla violando los derechos laborales, y humanos, de los cubanos y con propiedades robadas por la dictadura» son «cómplices de la opresión».
De la misma manera piensa el politólogo cubano-estadounidense Frank Calzon, para quien lo «más importante» es que por primera vez en 20 años hubo «una decisión al más alto nivel de no seguir ignorando» un atropello legal.
Las personas que pueden demandar al amparo del Título III no han tenido nunca en Cuba la oportunidad de reclamar ante los tribunales de la isla que les devuelvan ni la propiedad ni pedir una compensación por su decomiso, subraya el politólogo Calzon a Efe.