jueves. 02.02.2023
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en una imagen de archivo.

El plan que Mariano Rajoy dice tener para evitar una consulta independentista en Cataluña, y que no desvela porque «no hay que adelantar acontecimientos», cuenta con un epílogo pedagógico que persigue el objetivo de desmontar el eslogan de «España nos roba», que el independentismo ha convertido en la piedra angular de su estrategia para reclamar el referéndum de autodeterminación.

El presidente del Gobierno, varios de sus ministros y la cúpula del PP desembarcarán desde hoy en Barcelona para participar en la convención del PP catalán. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defenderá durante su intervención que, hoy por hoy, la Generalitat estaría en quiebra e intervenida de no contar con el respaldo financiero del Estado, según explicaron fuentes de su departamento. Lo hará con una compilación de cifras y porcentajes con los que refutar que la diferencia de lo que Cataluña aporta al conjunto de España y lo que recibe del Estado supere los 16.500 millones de euros, el déficit fiscal que esgrimen los independentistas, que también sostiene que existe un déficit en infraestructuras que rondaría los 8.000 millones de euros. Cifras avaladas desde la Consejería de Economía de la Generalitat.

Montoro llevará en su cartera un dossier sobre el auxilio financiero que prestó el año pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy al de Artur Mas. Destacan dos cantidades, 2.880 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica, y 1.430 del Plan de Pago a Proveedores, casi la mitad de los 3.600 millones que el Ministerio de Hacienda destinó en 2013 al conjunto de las comunidades autónomas.

El Gobierno, con su presidente a la cabeza, quiere despejar las dudas que la «verdad oficial de la Generalitat» pueda generar entre los ciudadanos. Lo quiere hacer con la cruda realidad de los datos, pero sin caer en visiones apocalípticas, explica un miembro del Ejecutivo.

Otros dos ministros calentaron la jornada previa a la convención de los populares catalanes. El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, auguró que una Cataluña independiente sería hasta un 30% más pobre que en la actualidad y el de Interior, Jorge Fernández, recordó al gobernante catalán que «no puede ir por el mundo civilizado sin cumplir la ley».

Una vez que la posibilidad de un entendimiento institucional se aleja, como dejó claro Rajoy con sus reproches a Mas por adoptar decisiones unilaterales, la Moncloa quiere dar un nuevo paso que se asemeja mucho al que ha dado el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, cuando alerta del severo aislamiento internacional al que tendría que enfrentarse una Escocia independiente. Rajoy lleva semanas incidiendo en que los catalanes correrían la misma suerte porque su hipotético nuevo Estado quedaría fuera de la ONU, la Otan y, por supuesto, de la Unión Europea y de la zona euro, lo que dejaría a las administraciones públicas y a las empresas sin capacidad de lograr financiación exterior al perder, advierte el Gobierno, el amparo del Banco Central Europeo.

Cameron enfatizó que una Escocia «libre» tendría que renegociar hasta 14.000 tratados internacionales a los que ahora está adscrita como parte del Reino Unido. El Gobierno español aún no ha hecho esa cuenta, pero Cataluña también tendría que volver a pedir su ingreso en centenares de organismo internacionales.

«Dudo que hubiese muchos países fuera de la UE que reconociesen un Estado que nace de una declaración de independencia», apostilló Garcia-Margallo en alusión a la posibilidad de que Cataluña optase por la secesión.

La diplomacia española inició hace meses una carrera contra reloj para frenar los daños colaterales del órdago separatista de CiU, Esquerra, Iniciativa y la CUP y que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, daña la marca España. García-Margallo envió a sus embajadores amplia documentación para «mantener y defender la unidad de España».

El Gobierno lanza una ofensiva para desmontar el «España nos roba» de Mas
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