El Gobierno reconoce que vetó al rey
Se justifica en que velaba por la convivencia ante la inminencia del fallo del Tribunal Supremo
El rey Felipe VI visita la Fundación Ortega y Gasset, ayer en Madrid. BALLESTEROS
Por si quedaba alguna duda de que para Pedro Sánchez los Presupuestos están por encima de casi todo, el Gobierno confirmó ayer que vetó la presencia del rey en Barcelona el pasado viernes por «la inminencia» de la resolución del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra, conocida ayer, 72 horas después del acto de entrega de diplomas a la nueva promoción de jueces.
El ministro de Justicia, después de días de silencio y endebles argumentos, reconoció que el presidente del Gobierno no autorizó que el jefe del Estado acudiera a la capital catalana para «velar por la convivencia» en Cataluña. Una convivencia que, según se deduce de las palabras de Juan Carlos Campo, corría el riesgo de verse alterada con la presencia de Felipe VI en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra por desobediencia y por «la cercanía» del tercer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Traducción: el Gobierno no quiere que nada ni nadie perturbe el clima favorable que ha generado para que las fuerzas independentistas, sobre todo Esquerra y el PDeCat, apoyen las cuentas de 2021.
Una confianza que se mantiene en la Moncloa tras la confirmación de la inhabilitación. Los socialistas esperan que la resolución del Supremo no tenga un coste en sus relaciones con los soberanistas porque, además de que era una decisión previsible y por lo tanto descontada, no parece que vaya a ser motivo de confrontación entre Esquerra y JxCat, que es lo que radicaliza a los republicanos.
La mesa de diálogo
Otra cosa será, se temen en la Moncloa, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que solo se ha reunido una vez, en febrero, y que no ha sido posible reunir de nuevo. Por lo pronto, Torra ya no podrá sentarse y el Gobierno catalán deberá designar sus representantes. Aunque la vicepresidenta primera recordó ayer que estaba acordado que en el próximo encuentro no estarían ni Sánchez ni Torra. Carmen Calvo insistió en que por parte del Gobierno no hay ningún problema para una nueva cita.
La confianza gubernamental en que la sentencia del Supremo no influirá para los Presupuestos se ve alimentada por la probable lejanía de las elecciones catalanas, final de enero o principio de febrero, de la tramitación parlamentaria del proyecto, en octubre se votarían las enmiendas a la totalidad. El Gobierno tiene en cuenta, además, el mensaje de Esquerra de que «aguantará» el acoso de JxCat para que no apoye los Presupuestos si desde la Moncloa también «aguanta» las presiones de la oposición.
En la creación de ese clima favorable con los soberanistas hay que enmarcar la decisión de que el rey no acudiera al acto de la Escuela Judicial de Barcelona, aunque la factura institucional y política crece a medida que pasan los días. El ministro de Justicia, además de reconocer los motivos que llevaron al Gobierno a no autorizar el viaje de Felipe VI, reveló en Onda Cero también que intentó disuadir al Consejo General del Poder Judicial para que aplazara el acto. «Si se podía hacer unos días después... ¿por qué íbamos a generar una tensión?», se preguntó Campo sin esconder nada.
El líder del Partido Popular estalló y acusó al Gobierno de coalición de fomentar «una crisis institucional de primer orden» con su veto al rey, con la tramitación de indultos para los líderes secesionistas condenados, con el acercamiento de presos de ETA «para contentar a Bildu», y con el silencio del presidente del Gobierno ante las críticas de sus socios de Podemos a la Corona. Sánchez, resumió, demuestra «absoluta complicidad y profunda cobardía».