Sánchez enfila el resto de la legislatura con un respaldo parlamentario más sólido

El Gobierno sigue sin tener una legislatura sencilla por delante y prueba de ello es que sólo en la última semana se ha enfrentado a las protestas del sector del metal en Cádiz, las movilizaciones de la Policía a cuenta de la reforma de la ‘ley mordaza’, las discrepancias dentro de la coalición por el modo de hacerles frente o la perspectiva de tener que imponer a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de que el 25% de las clases que se imparten en las escuelas catalanas sea en español. Pero su situación es hoy más estable de lo que los propios socialistas preveían cuando hace dos años sellaron su acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos, con el que ni siquiera alcanzaba los 176 votos de la mayoría absoluta (21 por debajo)

El Congreso aprobó ayer por segundo año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de 188 diputados —los del PSOE (120), UP (34), ERC (13), EH- Bildu (5), PNV (6), PdeCAT (4), Más País (2), Compromís (1) Nueva Canaria (1), PRC (1) y Teruel Existe (1) — que le garantizan, sobre el papel, la posibilidad de agotar la legislatura.

La política no son matemáticas y en la Moncloa insisten en que su objetivo es aprobar también el año próximo las Cuentas del 2023 porque es la forma de ofrecer mayor estabilidad, pero tanto en el PSOE como en Podemos hay quien esgrime que ahora se podría recurrir a una prórroga presupuestaria para esquivar el adelanto electoral. Es un as en la manga que ha costado no pocos esfuerzos negociadores, en ocasiones ajenos a las propias Cuentas —desde la ley de la vivienda para regular el precio de los alquileres, impuesta por Podemos, a la transferencia del Ingreso Mínimo Vital para el PNV o las cuotas del catalán en la futura ley audiovisual exigida por Esquerra y la extensión de la televisión infantil en euskera a Navarra reclamada por Bildu— y que, además, ha terminado de consolidar a los independentistas catalanes pero también a los vascos como socios clave.

EH-Bildu se convirtió ayer, de hecho, en uno de los principales protagonistas de la última jornada de debate presupuestario en el Congreso, antes del inicio de la tramitación en el Senado. No sólo las tres principales fuerzas de la oposición, el PP, Vox y Cs pusieron el foco sobre él al recriminar al Ejecutivo que le haya otorgado el estatus de interlocutor válido, en igualdad de condiciones que el resto de fuerzas democráticas, también la portavoz de la formación, Mertxe Aizpurua reivindicó su nuevo papel.

«¿Saben qué? Nos produce satisfacción verles tan airados, enfadados, impotentes —espetó la dirigente secesionista a los partidos de la derecha— porque quiere decir que mientras su proyecto autoritario se debilita, el nuestro, el soberanista de izquierdas coge más fuerza». Aizpurua incluso argumentó que su partido está ayudando a «devolver» a las clases trabajadoras, no sólo del País Vasco sino de toda España, los derechos que el PP les «usurpó».

«Comprendo que estén tan enfadados porque debe ser duro que la gente vea que mientras los malvados independentistas, los bilduetarras, los enemigos de España, como dicen ustedes, son los que mejoran sus vidas, ustedes los tan españoles, los muy españoles, los más españoles, solo se dedican a chillar e insultar», presumió.

El Gobierno, o al menos una parte de él, no termina de estar cómodo, sin embargo, con esa exhibición de los lazos que le unen al partido liderado por Arnaldo Otegi por varios motivos: porque da pie a que la oposición les acuse un día sí y otro también de «blanquear» a los filoterroristas, y ese mensaje cala en parte de su electorado, y porque ha empezado a poner nervioso al PNV, al que desean mantener como aliado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumentó en una entrevista en ‘La Sexta’ , de hecho, en que todos los acuerdos alcanzados tanto con Bildu como con ERC se refieren a derechos sociales e inversiones en infraestructuras y no tienen que ver con la «concepción de la unidad de España» e insistió en que su relación con los nacionalistas vascos sigue siendo «prioritaria».

Montero incluso afirmó que el PNV, que mantiene posiciones más centradas no ya en lo territorial sino en lo socioeconómico, fue la «primera» fuerza a la que se intentó sumar a los Presupuestos, aunque finalmente, y al contrario de lo que ocurrió el año pasado, el trámite en el Congreso haya concluido sin haber cerrado por completo un acuerdo.