Aprobados los primeros presupuestos de la era Mañueco, con 1.290 M€ para León

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó ayer la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para este año, que deja en León 1.290 millones de euros de los 12.291 millones (un 13,1% más respecto a 2018), y la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas tras el debate de casi 2.000 enmiendas de la oposición que en su mayoría fueron rechazadas por el PP y Cs, que únicamente transaccionaron siete del PSOE y una de Por Ávila para modificar el destino de algo más de dos millones de euros en total en las consejerías de Economía, de Empleo e Industria y de Cultura y Turismo.

En la votación de la totalidad de la ley de Presupuestos, marcada por la pandemia de la covid tanto en sus ingresos como en sus gastos, respaldaron los primeros presupuestos de Mañueco el PP, Ciudadanos y Por Ávila, mientras que votaron en contra el PSOE, Podemos y UPL, y Vox se abstuvo.

Este debate, que no se daba en las Cortes desde 2018 por las sucesivas prórrogas presupuestaria que ha habido desde entonces, fue menos fructífero en la aprobación de enmiendas de la oposición que en la anterior legislatura, ya que entonces el PP dependía al menos del voto favorable de algún procurador de la oposición, lo que llevaba a negociar enmiendas con UPL y Cs, fundamentalmente.

En este caso, las enmiendas aprobadas en este último debate suponen un porcentaje mínimo de las tratadas, en opinión del PP y Cs porque las prioridades están marcadas en las cuentas y se centran en combatir la pandemia, con unos recursos que «son finitos», en un argumento en numerosas ocasiones que han repetido los portavoces de los partidos que sustentan al Gobierno autonómico.

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En términos absolutos, a lo largo de dos días los procuradores debatieron casi 1.600 enmiendas a las secciones que afectan a las consejerías del Gobierno, además de las planteadas al articulado y a la Ley de Medidas Tributarias, lo que las acercan a los dos millares, rechazadas en su práctica totalidad. De estas enmiendas a las cuentas de las consejerías el PSOE defendió 826, Podemos 615, UPL 119 y Por Ávila 11, mientras que Vox, que estrenaba procuradora con la vallisoletana Fátima Penacho en sustitución de Jesús García-Conde, no intervino y se limitó a abstenerse en la mayor parte de las votaciones.

El Pleno sirvió también para dar luz verde al presupuesto de las Cortes de Castilla y León —33,7 millones—, con el rechazo del PP y Cs a una enmienda de UPL para destinar 400.000 euros de la Fundación Castilla y León a promocionar León como Cuna del Parlamentarismo, en cuya defensa el leonesista Luis Mariano Santos ha denunciado la incoherencia del actual presidente de las Cortes, Luis Fuentes, por prometer la reducción de los «chiringuitos» y ahora incrementar la partida de esta Fundación que quería desmantelar cuando comenzó la legislatura.

En lo que sí coincidieron todos los partidos, excepto Vox, que se abstuvo, fue en dar luz verde al presupuesto de la sección que integran los 924,4 millones de euros de la Política Agrícola Común (PAC), mientras que en la sección de Deuda Pública (1.423 millones) votaron a favor el PP, Cs y Por Ávila, votó en contra Podemos y se abstuvieron el PSOE, la Unión del Pueblo Leonés y Vox.

Después llegó el debate de las enmiendas referidas a la Ley de Medidas, que fue aprobada con los votos favorables del PP, Cs y Por Ávila, que sumaron 40 apoyos, mientras que votaron en contra 37 procuradores, los representantes del PSOE, Podemos, UPL y Vox.

El tradicional cruce de argumentos sobre los modelos fiscales que defienden para Castilla y León los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, y que se reirteró ayer en el debate de las enmiendas a la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas derivó en un cruce de acusaciones sobre casos de corrupción que afectan a unos y otros.

La discusión entre la socialista Rosa Rubio y el popular Salvador Cruz reiteró los argumentos sobre sus diferentes puntos de vista acerca de la progresividad fiscal, los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones o las diferentes deducciones, entre otras cuestiones, como la estabilización del empleo público.

Rubio (PSOE) contrapuso su modelo fiscal «progresivo» y con deducciones que beneficiarían a las familias, con el de «las derechas», que en su opinión se centra en beneficiar a las rentas más altas y en la privatización de servicios.

En su réplica, Cruz (PP) consideró que el modelo fiscal del PSOE se basa en que «o no sabe lo que firma o falta sistemática a la verdad», ya que según su cálculo los socialistas subirían el IRPF a las personas que ingresan más de 36.000 euros, que en su opinión representan a «las clases medias», y «castigarían» a los ciudadanos de Castilla y León con un impuesto de sucesiones que está más bonificado que aquí en Castilla-La Mancha o Extremadura, donde gobierna el PSOE.

La representante socialista negó los cálculos de Cruz sobre el IRPF y sostuvo que con el modelo que defiende el PSOE alguien que ingrese 36.000 euros pagaría 8 euros más al año y quien ingrese 120.000 euros pagaría 1.376 euros más, mientras que con el sistema vigente esas rentas altas no aportarían esos ingresos a las arcas públicas.

En un Pleno en el que surgieron en varios momentos las alusiones a la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional sobre los denominados ‘Papeles de Bárcenas’ y la actuación del asesor de Presidencia Ignacio Cosidó cuando era jefe de la Policía Nacional en el caso Kitchen, con acusaciones contra el PP, la discusión de ayer se encendió cuando el portavoz popular rechazó las «lecciones» del PSOE en materia de corrupción.

En este punto, Cruz habló del caso de los ERE de Andalucía como el mayor caso de corrupción de la historia de España y citó una información periodística que se refiere a una investigación judicial sobre el papel desempeñado por tres ministros socialistas en la concesión de una ayuda a una empresa fotovoltaica en su etapa como consejeros de la Junta de Andalucía.

Desde su escaño, ya que había agotado ya sus turnos de intervención, la procuradora socialista escribió una gran B en un folio para remarcar que lo que se juzga actualmente en la Audiencia Nacional es la denominada ‘caja B’ del PP, lo que ha declarado el principal acusado de la causa, el exgerente y extesorero del PP Luis Bárcenas.

En cuanto a León, además de las enmiendas parciales relativas a la provincia, el debate más enconado se centró en el instituto de Villaquilambre, defendido por UPL y PSOE. Mientras ambas formaciones cargaban por la negativa del PP y Cs a aceptar una enmienda relativa a este centro, el PP de Villaquilambre respondía por la tarde en un comunicado que se han reservado 300.000 euros para el estudio del proyecto en las partidas no provincializadas.