El Ayuntamiento subasta cada año 30 de los 200 inmuebles que embarga por deudas

La pila está en un lado de la mesa de uno de los funcionarios del departamento de recaudación. Uno detrás de otro, los folios detallan un listado con el nombre de los deudores que tienen más de 2.000 euros de rémora con el Ayuntamiento, con el apunte al lado de si cuentan con bienes embargables y si están en concurso de acreedores. Son más de 1.850 nombres en la actualidad sobre los que se abrirá el procedimiento de embargo en las próximas semanas. Cada año la administración termina por embargar cerca de 200 bienes inmuebles: casas, trasteros, garajes, solares. La gran mayoría son levantados por los titulares, que abonan la factura incluso a última hora, pero una treintena termina por ser subastada para que la administración logre cobrar lo que le adeudan.

Hay un camino largo hasta llegar a la subasta. Más de dos años de media, desde que la deuda entra en la vía ejecutiva al no ser pagado el recibo dentro del plazo voluntario, en los que «se dan todas las facilidades a los ciudadanos para que paguen su deuda, con negociaciones de aplazamiento y fraccionamientos», como recalcan desde el departamento de recaudación. En su mayoría son facturas impagadas y multas que se acumulan que crean una bola que crece conforme se superan los meses: un 5% más antes de que se notifique, un 10% entre la notificación y el plazo dado para abonar la deuda y un 20%, más los intereses de demora, si se supera esta barrera. Más allá, aparece el embargo de los bienes, entre los que también aparecer alguno de los 250 vehículos que son precintados por ejercicio, de los que la mitad son levantados, mientras que en el resto la inmensa mayoría son vendidos para chatarra, previa renuncia del deudor, puesto que tienen menos valor del que conlleva el procedimiento. En todos los casos, si no se levanta el embargo, se acaba en la subasta.

Un piso en Eras, 95.000 euros

El miércoles pasado se celebró la última en el salón de actos del consistorio. No habrá más ya en este formato, como apunta el funcionario responsable, que avanza que, de acuerdo a la reforma de la ley, a partir de ahora se harán a través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que da entrada a cualquiera desde donde esté. Se acaba de esta forma con el negocio de los subasteros tal y como se hacía hasta el momento, puesto que las pujas serán cerradas por internet durante el plazo que se conceda y, una vez cerrado, se adjudicarán, sin opción de acudir a gestión directa por debajo del valor de tasación.

La última subasta contó con dos bienes cuyos deudores rescataron a última hora y otros cinco que se adjudicaron. Uno de ellos, un piso de 90 metros cuadrados útiles, ubicado en Eras de Renueva, que se resolvió por el tipo mínimo de licitación, fijado en 41.132,55 euros, más los 54.714,45 euros de la hipoteca pendiente. En total, 95.847 euros.

La subasta se abre por el valor de peritación, sin olvidar las cargas que pueda tener, y los subasteros que quieran concurrir tienen que disponer un 20% de este cantidad. Si nadie entra, media hora más tarde se abre una nueva oportunidad, tras rebajar un 25% el valor inicial del bien. Si hay ofertantes, se inicia la puja, por tramos de subida. Si no existen posturas, lo que pasa la mayoría de las veces, el inmueble pasa a gestión directa, con dos meses por delante para que los interesados presenten en sobre cerrado su oferta, sin mínimos. Cerrado el plazo, la mesa de subasta analiza las propuestas y, en caso de que no se considere enriquecimiento ilícito por una oferta muy baja, se adjudica.

El resultado de la subasta, como inciden desde recaudación, debe pasar «una purga de cargas». De acuerdo a las deudas que «hay apuntadas en el Registro de la Propiedad», se abona, «por el orden que está apuntada cada carga, que tiene un plazo de validez de 4 años, el dinero que se debe». Si después de resolver las obligaciones con los acreedores aún queda dinero, el sobrante se le devuelve al deudor.