TRIBUNALES
El caso de la burundanga cambia con la discapacidad mental de la acusada
Audiencia Provincial y TSJCyL evalúan su retraso en un 40% en dos sentencias distintas
La acusada, durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León. MAZ
La intención de las acusaciones pública y particular de atribuir siete presuntos delitos de homicidio en tentativa a la sospechosa de utilizar burundanga para obtener un beneficio económico ilícito de familiares y amigos a finales de 2018 podría sufrir una importante modificación, tras la resolución de dos sentencias en la Audiencia Provincial de León y en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en las que se absuelve en el primer caso de uno de los delitos y en el segundo de los dos por los que había sido acusada en el marco de otra causa paralela abierta contra ella, que deparó un segundo ingreso en prisión que ahora se presenta injustificado.
Este segundo caso responde a la acusación de robo con violencia presentada contra ella tras varios asaltos a viviendas en la que un joven ataviado con ropas similares a las de repartidores de Correos, llamó a varias viviendas de Villaobispo y Santa Olaja con la excusa de entregar paquetes, para finalmente acabar robando a sus propietarios. En uno de los casos, incluso una persona resultó maniatada con bridas durante el asalto.
Condiciones
Los informes dan fe de que la sospechosa tiene un trastorno de personalidad del 33%
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia refrenda y amplía la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y sostiene que no pudo cabe autoría de los delitos de robo con fuerza y detención ilegal atribuidos a la investigada, a la que además se reconoce por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta una discapacidad mental del 40% . «Ha sido diagnosticada de trastornos de la personalidad, concretamente de déficit de atención/hiperactividad, trastorno de ansiedad no especificado, trastorno de control de impulsos y rasgos anómalos de personalidad clúster B y tiene reconocida por la Gerencia Territorial de Castilla y León de Servicios Sociales un grado de discapacidad del 40 % desde el 5 de diciembre de 2019. De dicho porcentaje el 33 % responde a un trastorno de la personalidad», refleja la sentencia dictada desde Burgos la semana pasada.
¿Y ahora, qué?
En esas condiciones ¿cómo se sustentará ahora la acusación que pesaba sobre la investigada? El diagnóstico de los servicios sociales de la Junta data de diciembre de 2019, once meses después de que se produjera su detención el 5 de enero de aquel mismo año, después de que en los meses previos, hasta siete personas hubieran resultado intoxicadas con escopolamina en diferentes momentos, tras haber estado reunidos por separada con ella y apreciar que, según su versión, habían notado la sustracción de dinero en sus cuentas a través de la utilización supuestamente ilegal de sus cuentas bancarias o de sus tarjetas de crédito.
Las acusaciones contemplaban la teoría de que su comportamiento se debía a una supuesta adicción al juego . Para la defensa, es imposible sostener esa tesis en sus condiciones mentales. La instrucción judicial de la causa cumple cuatro años dentro de tres meses.