lunes. 08.08.2022
Zona de bajas emisiones

Diez encarga 100 cámaras que multan pese a anunciar que no restringirá el acceso al centro

Los equipos costarán 383.288 €, incluidos en el contrato de 1,9 M€ de la red de acceso a la zona de bajas emisiones
Cámaras de vigilancia instaladas en la Plaza de Santo Domingo. DL
Ya hay cámaras de control de acceso en el casco histórico y Ordoño II. RAMIRO

Con la apostilla que compromete que «en principio» no se restringirá el acceso a la almendra central despachó el alcalde, José Antonio Diez, el anuncio del proyecto de la creación de la denominada zona de bajas emisiones en León a la que le obliga la ley antes de 2023. Pero, de momento, el contrato sacado a licitación por el regidor socialista para el control de accesos a este área urbana apunta la compra de una red de cámaras de lectura de matrículas con capacidad para sancionar, si al final desde el consistorio se decide a limitar el paso a determinados vehículos en función de su calificación contaminante. No tendrá problema para hacerlo con los 100 dispositivos encargados por el regidor del PSOE, que suman una factura de 383.288 euros dentro de los 1.919.089,80 euros totales de la infraestructura para el control de accesos y señalización.

Los pliegos de condiciones reseñan que «el objetivo principal de las cámaras es la captación de matrículas, de forma que sea posible identificar y sancionar a aquellos vehículos que no cumplen con los requisitos de acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)». Este entorno, de acuerdo a los borradores con los que trabajan los técnicos, quedaría delimitado dentro del entorno que definen las calles Padre Isla hasta Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, Roma, avenida de la Facultad, Lancia, Independencia y Santo Domingo. Más allá de esta marca habrá un segundo anillo de control «de gran escala que se apoya en viales de alta capacidad», en referencia a las rondas y grandes avenidas periféricas, y que abarca «el 25% de la superficie del término municipal y el 79% de su población», como se recoge en el documento enviado para que la UE aprobara la concesión de 5.581.020,00 euros, que se complementarán con 1.994.951,00 euros por parte del consistorio para sumar los 7.575.971,00 euros del plan total, en el que se incluye la reurbanización de media docena de calles: Alfonso V, Gil y Carrasco, Padre Isla, Ramiro Valbuena, José María Fernández y Felipe Sánchez.

En todo el perímetro, «las cámaras para la detección de vehículos y lectura de matrículas a instalar en los puntos de control de acceso a la Zona de Bajas Emisiones deberán haber sido certificadas de acuerdo con la normativa UNE relativa a la especificación funcional y protocolos para el control en las Zonas de Bajas Emisiones y Uvar, como tipo A», según se cita en los pliegos, en los que se abunda en que estos dispositivos tendrán «capacidad de reconocimiento de matrículas en dos carriles, con un mismo sentido de circulación, sin considerar ciclomotores». El contratista adjudicatario «deberá garantizar la correcta instalación en campo de dichas cámaras para asegurar la máxima eficacia en las captaciones», se describe en el documento, que marca entre las «especificaciones» la necesidad de ser «sistema todo en uno, el cual incluya en la misma cabina una cámara de reconocimiento de matrículas, una cámara de contexto a color, el analizador OCR, un iluminador inteligente led y el módulo de autodiagnóstico». A mayores se valorará que puedan capturar «matrículas a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora» y clasificar «vehículos por estado del tráfico: parado, lento, congestión, normal, ocupación y separación».

Las características permitirán contar con un sistema de sanción adaptado para el caso de que «en algún momento» se recomiende que «hay que limitar el acceso», como justificó Diez a finales de abril, después de recalcar que no habría restricciones y dejar caer que, «en función de las mediciones, se verá en el futuro si se cumplen los requisitos».

Documentos con datos sobre el contrato de suministro de cámaras de vigilancia

Las cámaras de lectura de matrículas se colocarán como el único dispositivo de sanción, después de que la UE denegara la parte de la subvención que pedía el equipo de gobierno de Diez para otros equipos. En el documento enviado, se proponían tres unidades de «control de semáforo rojo con cámara», que se hubieran sumado a los cuatro existentes; «dos equipos embarcados ‘multacar’», ideados para detectar por la lectura de matrículas y sancionar ante la falta de papeles, aparcamientos en doble fila o incluso fuera del ticket de estacionamiento de la ORA; y «un radar fijo», que se hubiera añadido al actual.

La intervención se justifica por «reducir la contaminación por óxidos de nitrógeno y partículas mediante la limitación del acceso de vehículos» y aplicar «restricciones según las nuevas normativas de regulación de zonas de bajas emisiones y poder detectar las infracciones de forma automática», como se reseña en los pliegos. Los equipos servirán además para «explotar la información obtenida, para facilitar, entre otros, la planificación de medidas para reducir la contaminación, evaluar el impacto y comprobar su eficacia».

En este empeño, el control de accesos incluye más equipos que las cámaras de lectura de matrículas. La adjudicataria tendrá que instalar una red de sensores de calidad del aire. Se colocarán 52 en puntos fijos para «poder así tomar decisiones objetivas», además de que posibilitarán la medición del «ruido ambiente, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica». Su ubicación atenderá los entornos de «centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad». Junto con estos equipos habrá otros 10 móviles, ubicados «en vehículos municipales, de transporte público urbano y de la Policía Local», como se explica en los pliegos, en los que se refiere que «el sistema será accesible gratuitamente para todas las personas que deseen consultar en tiempo real la información».

Diez encarga 100 cámaras que multan pese a anunciar que no restringirá el acceso al centro
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