Diario de León

TRIBUNALES

Tres grandes juicios cinco años después

La presunta estafa en Caja España, el caso de los seguros y la Operación Púnica siguen esperando una fecha para el juicio un lustro más tarde de que estallaran los casos Los recursos están detrás de la mayor parte de los retrasos .

León

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Tres grandes casos judiciales permanecen a la espera de juicio en León, cinco años después de que explotaran. La supuesta estafa piramidal en Caja España. El presunto caso de los seguros y accidentes de vehículos y la Operación Púnica tienen escritos de acusación y defensa (que deberán de ser modificados en el segundo de los casos) pero carecen de fecha de juicio, por diferentes recursos en la mayor parte de los supuestos.

El más próximo a la celebración de vista oral es el de la acusación que se sigue contra una antigua empleada de lo que entonces era Caja España, a la que se investigó junto a su marido por crear supuestamente un entramado de ofertas financieras ficticias con las que abonaba altísimos intereses que al final, se convirtieron en una burbuja que acabó por explotar, insostenible como sistema.

La causa ya está completa pero depende de la agenda de fechas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que ha de cuadrar las opciones para una vista que se anuncia larga a tenor de las circunstancias que rodearon al caso.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de siete años y medio de prisión para la principal implicada como supuesta autora de un delito continuado de estafa que inició en el año 2002 con la venta de una serie de productos financieros inexistentes que ofrecía a amigos e incluso familiares, a los que prometía beneficios imposibles que convirtieron la trama en una estafa piramidal de la que resultaron perjudicadas 135 personas con un volumen de casi siete millones de euros.

Propone paralelamente dos años y medio de prisión más para la principal sospechosa, por un supuesto delito de falsedad documental y exige que Caja España se haga cargo de la responsabilidad civil subsidiaria, que eleva a cerca de siete millones de euros. La entidad financiera recuerda que este episodio pertenece a la etapa pasada y que nada tiene que ver con los actuales rectores.

POSIBLE CÓMPLICE

La defensa de la sospechosa niega la descripción correlativa de los hechos que presenta el Ministerio Público y exige la libre absolución. Para el caso de que así no fuera y de forma subsidiaria, su letrado propone que sea considerada cómplice de estafa.

Pendiente de redacción de nuevo escrito de acusaciones se encuentra la supuesta estafa de los seguros. Se encuentra en Instrucción 2 (el mismo juzgado que lleva la investigación del caso de la burundanga) y a jueza ordenó en diciembre a la representante del Ministerio Fiscal que redactara un nuevo escrito de acusación, adecuándolo a las nuevas circunstancias que se daban tras la resolución de diferentes recursos de los investigados en la causa, que hacen que puedan variar las calificaciones provisionales que inicialmente se habían planteado.

Apertura de juicio oral

La instructora había dictado en abril auto de apertura de juicio oral. La Audiencia Provincial todavía resolvió hace pocos meses un recurso presentado por uno de los investigados, con lo cual la trayectoria judicial de la causa podría prolongarse aún algo más, a pesar de que las primeras detenciones se remontan al año 2013. Había más de 70 acusados en un primer momento.

Más complicado se anuncia el devenir de la Operación Púnica. El expurgo de las llamadas telefónicas (se ha solicitado por las defensas de los acusados que se separen del sumario las conversaciones grabadas que tienen que ver con el caso y las que no) puede requerir varios meses más. Aparte, la UCO reconoció en un informe que la Guardia Civil no dispone de especialistas para peritar si los informes de reputación en la red que supuestamente se utilizaban como tapadera para el pago de las supuestas comisiones ilegales que según las fiscales movían todo el montaje, son ciertamente válidos o por el contrario no sirven como prueba.

En la pieza de León, afirmaban que Alejandro de Pedro empleaba técnicas de posicionamiento con diarios locales sin relevancia y no se ha podido demostrar la ilegalidad.

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