Los hosteleros reclaman no pagar los seguros sociales si optan por no abrir

Los hosteleros no saben bien cómo afrontar el «caos» de la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) que se derivan ahora del «cierre encubierto» decretado por la Junta. La autoridad laboral «no responde fehacientemente por escrito a las consultas y ni siquiera se aclaran las gestorías», como alertan los empresarios. En una situación en la que buena parte de los negocios ha decidido bajar la trapa, sin optar por la atención en las terrazas, los profesionales avisan de que «la indefinición» les hace no saber si tienen que tramitarlos como «impeditivo o limitativo». La diferencia se traduce en el cálculo de lo que deben pagar por los seguros sociales de los trabajadores: en el primer caso, la exención alcanza el 100%, pero en el segundo, los titulares de las empresas tienen que afrontar el 20% de estos costes, como resume la gerente de la Asociación Provincial de Hostelería, Paula Álvarez, quien recalca que «no tiene sentido que, si no abren, porque se les prohíbe atender en el interior, donde se dan el grueso de los ingresos, tengan que pagarlos».

El sector, que agrupa a 6.000 afectados por expedientes, reclama que a los Erte de quienes deciden cerrar se les dé consideración de impeditivos. No debe influir la posibilidad de poder poner terraza para tramitarlos como limitativos, según defienden los hosteleros, quienes aceptan que este supuesto se aplique tan sólo a los que de manera efectiva se aprovechen del servicio al aire libre. La puerta abierta por la Junta, a la que temen que se acojan las inspecciones, ha hecho que incluso el Ayuntamiento de Salamanca haya habilitado la opción de suspender de manera temporal las licencias de veladores a los negocios que lo soliciten. La vía despejada busca que estos establecimientos puedan argumentar en la tramitación que no cuentan con permiso y, por tanto, no tienen ninguna opción de permanecer en servicio, con la consiguiente exención del 100% de los seguros sociales de los trabajadores.

Aunque ni siquiera en estos casos queda claro, como insiste Álvarez, quien apunta que desde la asociación provincial leonesa no han valorado por el momento solicitar lo mismo en León. Más allá de esta decisión, la gerente del colectivo insiste en que desde la autoridad laboral se confirme que se aceptará la tramitación como impeditivos. El sector recela de que la inspección, que cuenta con cinco años para revisarlos, los anule en el futuro y tengan que abonar el 100% de estos costes, a mayores de la multa y los recargos.