miércoles. 07.12.2022

La sentencia del TSJ suscribe en gran parte el informe emitido por el interventor de la Diputación con posterioridad al fallo del juzgado de lo Contencioso de León. Frente a la reclamación que había sido atendida por el juez en primera instancia, de acuerdo al informe del perito encargado por Carflor, el alto funcionario defendió que la indemnización ascendía a 414.141,25 euros.

La cantidad coincide con la asentada por el TSJ. Los magistrados atienden las alegaciones DE la Diputación de acuerdo al informe del interventor. Una por una se suscriben las cuatro conclusiones: que «el nuevo contrato previsiblemente se hubiera comenzado a ejecutar con fecha 1 de febrero de 2012; que Carflor prestó «los servicios de la zona este, desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 31 de enero de 2014», por lo que estos servicios debían «descontarse de la cuantía a indemnizar»; que «las mejoras ofertadas en la nueva adjudicación» tenían que «deducirse del montante total de la indemnización; y que el porcentaje de la indemnización debía ser, «por todos los conceptos, del 3% de los servicios que efectivamente Carflor no prestó».

El fallo no entra a valorar el fondo de la reclamación. Carflor denunció que la Diputación había renunciado en 2012 a celebrar el contrato de servicio de ayuda a domicilio cuando «ya se sabía» que esta empresa «podía ser adjudicataria». En cambio, se hizo un nuevo concurso que ganó la UTE formada por Clece y Seralia. Pese a no juzgarlo, los magistrados estiman que «concurren elementos para deducir testimonio de particulares y remitirlos al Ministerio Fiscal por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal».

El informe del interventor marcó el recurso