El informe del interventor marcó el recurso
La sentencia del TSJ suscribe en gran parte el informe emitido por el interventor de la Diputación con posterioridad al fallo del juzgado de lo Contencioso de León. Frente a la reclamación que había sido atendida por el juez en primera instancia, de acuerdo al informe del perito encargado por Carflor, el alto funcionario defendió que la indemnización ascendía a 414.141,25 euros.
La cantidad coincide con la asentada por el TSJ. Los magistrados atienden las alegaciones DE la Diputación de acuerdo al informe del interventor. Una por una se suscriben las cuatro conclusiones: que «el nuevo contrato previsiblemente se hubiera comenzado a ejecutar con fecha 1 de febrero de 2012; que Carflor prestó «los servicios de la zona este, desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 31 de enero de 2014», por lo que estos servicios debían «descontarse de la cuantía a indemnizar»; que «las mejoras ofertadas en la nueva adjudicación» tenían que «deducirse del montante total de la indemnización; y que el porcentaje de la indemnización debía ser, «por todos los conceptos, del 3% de los servicios que efectivamente Carflor no prestó».
El fallo no entra a valorar el fondo de la reclamación. Carflor denunció que la Diputación había renunciado en 2012 a celebrar el contrato de servicio de ayuda a domicilio cuando «ya se sabía» que esta empresa «podía ser adjudicataria». En cambio, se hizo un nuevo concurso que ganó la UTE formada por Clece y Seralia. Pese a no juzgarlo, los magistrados estiman que «concurren elementos para deducir testimonio de particulares y remitirlos al Ministerio Fiscal por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad penal».