Los mil planes de un codiciado suelo: de mercado a hotel y centro comercial
Sede del mercado de abastos, en sustitución del viejo del Conde Luna, solar para un hotel con centro comercial, equipamientos culturales, un gran aparcamiento subterráneo con tiendas y restaurantes en superficie... Los distintos equipos de gobierno de la Diputación y el Ayuntamiento a lo largo del tiempo han planificado iniciativas para este solar sin que ninguna llegara a cristalizar. Treinta y uno años después de que la institución provincial cediera a una cooperativa —integrada en aquel momento por discapacitados— el solar de Santa Nonia para su explotación como estacionamiento público, sin contar con ningún permiso preceptivo para ello, el Ayuntamiento de León aprobó en 2019 las licencias ambiental y urbanística, que permitieron a la Diputación utilizar esta parcela como estacionamiento. Tuvo entonces que realizar una serie de obras para ajustarse a la legislación vigente en materia de aparcamientos, como ampliar la superficie de cada plaza, por lo que la regulación de las dimensiones obligó a recortar su número.
Otro asunto que el equipo de gobierno en el Palacio de los Guzmanes deberá resolver es cómo negociar con la cooperativa el abandono de la explotación de este aparcamiento. La Diputación cedió en 1988 esta parcela a Contratas de Servicios, Sociedad Cooperativa (constituida el 18 de mayo de ese mismo año), integrada inicialmente por siete socios. No fijó en aquel momento ningún tipo de pago de canon de explotación al considerar que se trataba de una actividad sin ánimo de lucro, con fines sociales y que el aparcamiento suponía el sustento para un colectivo vulnerable. Y a pesar de la obligación de rendir cuentas cada mes a la institución provincial, la cooperativa ha actuado por su cuenta, sin pagar canon alguno ni los gastos de servicios como la electricidad, tampoco las obras de mejora necesarias. Ante un supuesto intento de apropiación del solar por parte de la cooperativa, por un resquicio legal que llegaron a tantear, la Diputación ordenó su desalojo en 2017, aunque finalmente no lo realizó al negociar un acuerdo temporal con el colectivo.