sábado 16/1/21
Autonomía para León

La investigación del destino de los Miner arranca entre el escepticismo en las Cortes

UPL advierte de que no permitirá que sea una «caza de brujas» contra los alcaldes mineros
Los miembros de la Comisión de Investigación sobre los fondos Miner, constituida ayer. LETICIA PÉREZ
Los miembros de la Comisión de Investigación sobre los fondos Miner, constituida ayer. LETICIA PÉREZ

La Comisión de Investigación sobre el reparto y la eficiencia de los fondos mineros recibidos por Castilla y León a través de los distintos planes del carbón se constituyó ayer en las Cortes autonómicas entre una evidente división de objetivos por parte de los distintos partidos políticos. Ciudadanos y Partido Popular ponen en marcha esta comisión en el marco del acuerdo de investidura autonómico, y señalan que no se trata de buscar culpables a la ineficiencia de los fondos invertidos, sino de que la situación no vuelva a repetirse. Por su parte desde la Unión del Pueblo Leonés (UPL) se advierte de que no se permitirá que esta investigación se convierta en una «caza de brujas» contra los alcaldes mineros, y el PSOE achacó a quienes llevan décadas gobernando la Comunidad la responsabilidad sobre el uso de los fondos.

La comisión pretende investigar la utilización de los millonarios fondos recibidos por Castilla y León (en realidad por León y Palencia, donde se concentraban las explotaciones mineras del carbón) dentro de las líneas de ayudas a la reactivación de las comarcas mineras, y el destino al que se dedicaron estos fondos, por considerar que no sirvieron para la reconversión económica de las cuencas, como era su fin. La Comisión está presidida por la representante de Ciudadanos por Ávila Inmaculada Gómez, y forman parte de ella los socialistas Javier Campos y Rubén Illera; las populares Amparo Vidal y Mercedes Cofreces; las representantes de Ciudadanos Inmaculada Gómez y Blanca Negrete y Luis Mariano Santos (UPL) por el Grupo Mixto.

Los miembros de la comisión mostraron ayer su voluntad de que los trabajos de la investigación se lleven a cabo de forma ágil, de forma que se llegue a las conclusiones que se pretenden pero la actividad no se prolongue más de lo necesario en el tiempo. Ahora está pendiente de fijar quiénes serán llamados a comparecer ante la comisión, entre los que no se descartó incluso al ex ministro de Industria José Manuel Soria, del PP. El procurador leonesista aseguró que no entendía el sentido de esta comisión, según señala Ical, y que en ningún caso puede cuestionarse la actuación de los alcaldes de las cuencas mineras, que dedicaron los fondos a infraestructuras pero «no fueron ellos los que marcaron las pautas que debían guiar las inversiones».

Comparecencias

Santos se mostró dispuesto a la fiscalización del uso de los fondos, pero no a que se carguen las responsabilidades sobre los alcaldes mineros y no sobre «ministros, consejeros y altos cargos de la administración que sí tuvieron las responsabilidades. Ellos tendrán que desfilar ante la comisión antes que los alcaldes».

Desde el PSOE Javier Campos calificó de «paripé» la comisión, y señaló a los responsables de la Junta que llevan 32 años gobernando.

La procuradora de Ciudadanos, el partido que ha impulsado la investigación, recordó que existe la sospecha de que los fondos no se han utilizado para los fines previstos, ni han conseguido los efectos para los que fueron creados. Así que no pondrán ninguna limitación respecto a los cargos que comparezcan ante esta comisión, para que expliquen cómo se realizó el reparto.

A finales de 2017 Ciudadanos, junto con Podemos, ya reclamó una comisión de investigación sobre los fondos mineros en el Congreso de los Diputados, para conocer la gestión de los fondos mineros en el conjunto del país en los sucesivos planes del carbón.

Ya entonces el hoy vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, calificó la investigación como «de vital importancia» para que alguien respondiera por el dinero invertido en las cuencas sin que se hubieran producido los efectos deseados. Ya entonces recordaron que sólo en los últimos 15 años se habían destinado 16.000 millones de euros a la reactivación de las cuencas.

Los grupos parlamentarios popular y socialista desestimaron la petición, lo que desde Podemos se tachó como un «pacto de la vergüenza» de los partidos mayoritarios para tapar las posibles irregularidades.

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