Los medioambientales de León se defienden ante la Ley de Montes
Ante la reciente presentación del Gobierno central del proyecto para modificar la vigente ley de montes, la a Asociación Profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de León (Apafle) denuncia que esta reforma «supondría uno de los mayores ataques sufridos este por el colectivo en los más de 140 años de existencia». En un comunicado de prensa aseguran que este proyecto de ley pretende «cercenar sus competencias y, con ello, la eficacia de la función pública que desarrolla este colectivo de funcionarios públicos». Aseguran que «con el pretexto de cumplir con las recomendaciones del informe elaborado por la CORA (Comisión para la reforma de las administraciones públicas), se pretende modificar el carácter colaborador de los Agentes Forestales y Medioambientales en todo el territorio con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, «por un carácter meramente auxiliar en materia de investigación y represión de los delitos medioambientales». Los agentes consideran que esta medida, lejos de evitar duplicidades en los servicios públicos como se propone en el informe de la CORA, «mermaría la eficiencia y comprometería la eficacia de un numeroso colectivo de funcionarios públicos pues relegando en materia penal a aquellos servidores públicos que, de forma ordinaria, realizan las labores de policía medioambiental, se crea la necesidad de que éstos, ante un ilícito de presumible carácter penal, tengan que requerir la asistencia de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con el consiguiente sobrecoste para las arcas públicas que supone desplazar más medios humanos y materiales para una única intervención».
Aunque desde la Apafle se valora muy positivamente el trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y de las unidades especializadas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan en el territorio español, así como la necesaria coordinación y colaboración con los Agentes Forestales y Medioambientales, «se considera una decisión aberrante relegar a un colectivo de más de 6.000 funcionarios civiles debidamente cualificados para el desarrollo de sus funciones en todo el estado al ejercicio de labores auxiliares en materia de delitos penales del instituto armado que cuenta con una plantilla de unos 1.500 efectivos».
Por otra parte, el texto legal que pretende aprobar el gobierno deja una puerta abierta a la privatización de los servicios de policía forestal, pues elimina de la definición de Agente Forestal/Medioambiental la condición sine qua non de que estos tengan carácter de funcionarios públicos, comprometiéndose, por tanto, la necesaria imparcialidad de la que todo funcionario ha de ser garante,
Desde Apafle se valora muy negativamente el proyecto de modificación de Ley de Montes, pues representa un «duro golpe»para el colectivo que lo llevará a una situación de inseguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones de policía de los recursos naturales y forestales y expondrá a los agentes integrantes del mismo en todo el territorio estatal a un incremento de riesgos psicosociales, muy presentes ya en el día a día de estos funcionarios como consecuencia de las peculiaridades del medio y condiciones en las que desarrollan su trabajo y la precariedad y escasez de medios materiales y plantillas claramente insuficientes», aseguran en el comunicado.