«Necesitamos amplios consensos y evitar caer en la estigmatización del territorio»

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, considera que la capacidad de aportar soluciones de futuro al desafío poblacional parte, de un lado, de una evaluación rigurosa de los resultados de las medidas aplicadas en materia de despoblación y, de otro, de una posición constructiva en el diseño de nuevas estrategias, con amplios consensos, que permita hacer frente a la preocupante dimensión del problema, pero evitando caer en la estigmatización del territorio.

El presidente del órgano de control externo autonómico se ha referido en su exposición al informe publicado el año pasado sobre la fiscalización de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación. Su resultado arrojó aspectos sobre la evolución de la población con datos sobre la provincia de León, que pasó de los 500.200 habitantes registrados en 2008 a los 463.746 en 2018, con un descenso del 7,3%.

En las conclusiones del informe se analiza también la evolución de los servicios. Señaló, sobre ello, que los indicadores relativos a la prestación de los servicios públicos esenciales ofrecen variaciones poco significativas en el periodo objeto de análisis. Amilivia desgranó también los indicadores sobre la evolución de la actividad económica con algunos ejemplos como el del desmantelamiento de la minería en las cuencas y su impacto en la pérdida de empleo.

El otro gran apartado de las conclusiones de la auditoría se centra en las medidas propuestas por las administraciones públicas en materia de despoblación en relación con las entidades locales, constatándose que en la mayoría de los casos no contienen propiamente una definición del problema que pretenden abordar, ni tampoco una evaluación de las causas.

Las propuestas del Consejo de Cuentas se concretaron en una serie de recomendaciones. En primer lugar, que las Cortes deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura o estructura similar a la del observatorio permanente de estudio de la evolución de la población. A continuación, evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas y en tal sentido concretó que, dado que no se han cumplido los objetivos establecidos por la Junta, el Ejecutivo autonómico ya ha anticipado la elaboración de la futura Estrategia de Dinamización Demográfica 2021-2027 con la participación de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

Asimismo, las entidades locales deberían identificar el problema que quieren abordar teniendo presente su singularidad y estructurar sus actuaciones en función del análisis previo a través de un instrumento. Finalmente, recabar información de las diferentes administraciones públicas para participar en las líneas de ayuda, con una visión a medio plazo.

Amilivia propone una estrategia de carácter global y poner el foco en crear empleo, ya que «existe una relación de causalidad entre la pérdida de PIB y despoblación».

Tambiém exige el mantenimiento de los servicios públicos esenciale y distinguir entre crear población o mantenerla, especialmente en el mundo rural.

«Solo las nuevas oportunidades económicas son susceptibles de crear población, por eso se plantea la necesidad de desarrollar proyectos piloto sustentados, si es posible, por todas las administraciones, al tratarse de un asunto de Estado».