La ORA de Astorga cobra y multa sin cobertura legal desde hace más de un año

El Ayuntamiento de Astorga lleva más de un año regulando el aparcamiento en la ciudad sin cobertura legal, una circunstancia que se podría extender al cobro a los ciudadanos del servicio por parte de la empresa adjudicataria, así como a la recaudación por las multas impuestas a los conductores. Así lo denunció ayer el grupo municipal del PP , que ha pedido la convocatoria para hoy de un pleno extraordinario para abordar una situación que aseguran ha sido reiteradamente denunciada en otras sesiones plenarias, ante la «pasividad» del equipo de Gobierno.

José Luis Nieto, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Astorga, puso ayer de manifiesto la «situación de ilegalidad» en la que el consistorio ha estado prestando este servicio desde septiembre de 2021, cuando expiró el contrato con la empresa Dornier S.A., según queda además constatado en un informe del servicio de Intervención municipal, al que ha tenido acceso este periódico. Ese mismo informe se argumenta que «el servicio de la ORA debe suspenderse hasta que se regularice su gestión, no así el servicio de la grúa que se considera prioritario».

Según este informe, el contrato referido fue adjudicado a la empresa Dornier SA, comenzado la prestación el 1 de julio de 2009, con una duración inicial de 10 años y dos posibles prórrogas ya finalizadas.

Posteriormente, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la covid-19, tras decretarse el estado de alarma, se suspendieron los contratos administrativos, por lo que el Ayuntamiento de Astorga notificó a la empresa concesionaria la suspensión del servicio que se extendió desde el día 19 de marzo hasta el 26 de mayo.

Dado que se determinó por ley el derecho del concesionario al restablecimiento del equilibrio económico por la suspensión del contrato, el Ayuntamiento de Astorga optó por la aplicación de la duración inicial, cuestión que fue informada por intervención, y acordada por el pleno, según consta en el informe municipal, que explica que la finalización definitiva de esta ampliación se produjo el 13 de septiembre de 2021. «Desde entonces el servicio se sigue prestando por la empresa, sin cobertura contractual», sentencia el escrito.

El informe esgrime que a la vista de lo dispuesto en la ley de contratos, y agotadas las prórrogas previstas y no siendo posibles las prórrogas tácitas ni la posibilidad de continuidad de la prestación, el contrato «se da por finalizado» por lo que «no debe continuar la prestación de las distintas prestaciones que contiene el objeto del contrato», como es el caso de la ordenación y regulación de los aparcamientos.

Con respecto al servicio de retirada de vehículos de la vía pública, el informe apunta que deberá estudiase su continuidad o no, o su inmediata contratación o no suspensión del mismo, ya que se considera como un «servicio obligatorio», ya que «de no prestarse afectaría a derechos fundamentales, como son los derechos a la seguridad en los desplazamientos y a la libre circulación de los ciudadanos». Por último, indica que el servicio de depósito de los vehículos retirados, asociado a la anterior prestación, también debería ser prestado de igual forma «sin suspensión o interrupción».

Nada se dice de la posible obligación del Ayuntamiento a devolver a los ciudadanos la recaudación realizada estos trece meses en concepto de aparcamiento, y por las sanciones impuestas a los ciudadanos, punto que se debatirá en la sesión plenaria de hoy.

Por su parte, el alcalde de Astorga, Juan José Alonso Perandones, reconoció ayer la situación de ilegalidad en la que se encuentra el servicio después de que haya caducado el contrato, «como ocurre en otros muchos servicios en todos los Ayuntamientos, sobre todo después de la pandemia».

El regidor socialista desconocía ayer la situación real en la que queda el servicio, cuyo contrato finalizó en septiembre de 2021, así como las consecuencias para el Ayuntamiento por haber prestado un servicio sin obertura legal. El alcalde avanzó que, a primera hora de hoy, el equipo de Gobierno mantendrá una reunión interna antes del Pleno para analizar los informes solicitados al servicio de intervención, y que ayer por la tarde aún no obran en su poder.

«Me imagino que todo se aclarará en el pleno de hoy, donde a petición del PP se abordará este asunto», explica Perandones,