miércoles. 08.02.2023
El secretario del Ayuntamiento de Sahagún, condenado recientemente por el Tribunal Supremo a una pena de tres años y medio de cárcel como presunto autor de un delito de falsedad documental, sostiene que el Tribunal Constitucional ha dictado un auto por el que se paraliza la ejecución de la orden judicial, de acuerdo a la existencia de un recurso vigente que todavía no ha sido resuelto. El funcionario tiene que hacer frente a una acusación que pesa sobre su persona, de acuerdo a la cual, se le imputa un delito de falsedad documental y malversación de caudales públicos, por cargar al Ayuntamiento de Villanueva de Duero (Valladolid) una factura de 12 euros correspondiente a diversos gastos de material de oficina, a la hora de cuyo reembolso, por un supuesto error, fueron ingresados en su cuenta 420 euros, sin que el funcionario devolviera la cantidad sobrante, según la acusación. El procesado solicitó en noviembre del año pasado que se le permitiera presentar un recurso de amparo y, a la vez, envió un escrito al Gobierno en el que solicitaba el indulto. En cualquier caso, la resolución final corresponde al Tribunal Constitucional que, de momento, siempre según la versión del aludido, no se ha pronunciado, con lo cual, el asunto sigue en el mismo punto. Para el acusado, la situación «no supone ningún inconveniente, porque yo sigo haciendo mi vida normal, y la voy a seguir haciendo hasta que consigamos una solución a toda esta cuestión». El Ayuntamiento de Sahagún planteó en su día una interpelación en el transcurso de un Pleno, de acuerdo a la cual, se solicitaba una amnistía particular para el procesado, por entender que desde su llegada al municipio, su tarea había resultado intachable. Todos los grupos políticos del consistorio aprobaron por unanimidad la decisión. Hasta que se adopte una solución final en el Tribunal Constitucional, pueden transcurrir dos años. «No es ningún problema porque yo sigo haciendo vida laboral normal y no hay inconveniente» S.C. Secretario de Sahagún

El secretario municipal sostiene que otra resolución paraliza su condena
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