El PSOE o cómo destrozar el sistema educativo
Solamente hacen falta un mínimo de cordura y de sensatez para darse cuenta del proceso de desmantelamiento que está sufriendo España a manos del Gobierno socialcomunista abanderado por Pedro Sánchez, un «pato cojo» cuyo único fin es el de mantenerse en el poder cueste lo que cueste. Es en este contexto en el que la educación vuelve a ser víctima de la bazofia normativa arrojada por una panda de tecnócratas pseudo-expertos en la materia, quienes, en no pocos casos, son «desertores de la tiza» o, lo que es peor, ni siquiera han vuelto a pisar un aula desde su época de estudiantes —caso de la ministra Alegría, maestra sin experiencia docente conocida—.
Después de más de tres décadas dedicado a la enseñanza, estoy convencido de que el Partido Socialista y sus dirigentes tienen algún tipo de trauma con la educación que les incapacita para gestionar con un mínimo de acierto uno de los cuatro pilares del bienestar social, lo cual viene sucediendo de forma recurrente cada vez que han ocupado La Moncloa. Resulta llamativo que aquellos que históricamente se han postulado como defensores de una educación de calidad sean ahora los mismos que se empeñen en liquidarla. La Lomloe, también conocida como ‘ley Celaá’, será la ley Frankenstein que aniquile la educación en España, en particular la escuela pública, si las próximas elecciones generales no lo remedian.
La Lomloe tendrá el triste honor de ser recordada por rebajar al máximo los contenidos y el nivel de exigencia en aras de un supuesto planteamiento más innovador en el que los alumnos serán evaluados por competencias y desarrollarán un pensamiento crítico. Seamos serios y que no nos vendan humo, porque lo que sottovoce se pretende es igualar por abajo y finiquitar el esfuerzo y la excelencia en favor de la mediocridad. Formaremos estudiantes en la más pura ignorancia, analfabetos funcionales sin criterio y más fácilmente manipulables, ciudadanos que no estarán preparados para hacer frente a las situaciones habituales de la vida en cuanto salgan de su zona de confort. No deberíamos ser hipócritas y rasgarnos las vestiduras cada vez que nuestro país obtiene pésimos resultados —siempre por debajo de la media de la OCDE— en los informes Pisa.
Para coronarse de gloria, el Ministerio de Educación ha diseñado un nuevo modelo de Selectividad — adaptado a la Lomloe— más fácil y simplificado en el que al parecer se medirá la madurez académica del alumnado; pero no nos engañemos, seguirá siendo el coladero actual con una nota media disparada y un índice de aprobados rozando el cien por cien. Como consecuencia, se continuará ahondando en la desigualdad entre comunidades autónomas mientras el Gobierno siga empecinado en su negativa a negociar una prueba única para el conjunto del Estado Español.
Es un contrasentido que la Lomloe aspire a conseguir una educación de calidad cuando al mismo tiempo infravalora la capacidad de los alumnos para lograr por méritos propios los objetivos de cada etapa, permitiendo la promoción de curso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con un número ilimitado de materias suspensas —la repetición de curso se convierte en una medida de carácter extraordinario—, flexibilizando aún más los criterios de titulación en la ESO y, lo más sangrante de todo, otorgando el título de Bachillerato con una asignatura suspensa en un tramo educativo no obligatorio, algo que no tiene parangón en ningún otro país de nuestro entorno. Pese a ello, la titular de Educación y su «comité de sabios» se creen en posesión de la verdad absoluta.
La nueva ley educativa seguirá fomentando la rivalidad existente principalmente entre los centros educativos de titularidad pública y los concertados en lo que a la captación de alumnado se refiere, dado que la población estudiantil continúa en caída libre debido al incesante descenso de la natalidad. Este es el escenario en el que se ha desatado la «guerra de los sobresalientes», estrategia utilizada sobre todo por los centros concertados y, en menor medida, por los públicos para engordar las notas. Sigue aumentando de manera exponencial —especialmente desde la irrupción del coronavirus— el número de alumnos que finalizan sus estudios de Bachillerato con una media entre 9 y 10 puntos, coyuntura que muchos padres aprovechan para renegar de la educación pública y matricular a sus hijos en determinados colegios concertados donde por todos es sabido que conseguir calificaciones máximas no supone un sobreesfuerzo.
Ciertos dirigentes políticos del medio rural achacan como una de las causas de la despoblación de los pequeños municipios a la fuga de alumnos —por lo general de Educación Secundaria — que se produce de los pueblos a las ciudades. La realidad es que las ventajas que se les ofrecen a los jóvenes son muy superiores en el entorno urbano, no solo en términos de oferta educativa, sino también en lo referido a sus posibilidades de incorporación al mundo laboral.
En medio de toda esta «ceremonia de la confusión» orquestada por los adalides de la Lomloe se abre paso la figura del profesor, que queda despojado de toda autoridad y convertido en un mero burócrata cuyo cometido es básicamente el de rellenar formularios, redactar informes, asistir a reuniones y un largo etcétera que poco tiene que ver con la práctica docente. El esfuerzo y la dedicación del profesor no suelen ser reconocidos por la Administración, ni tan siquiera por los directores de los centros escolares, algunos de los cuales ocupan su sillón como plataforma de lanzamiento hacia puestos de mayor relevancia dentro de la Administración.
Desde la implantación de la Logse —origen de todos los males— hasta llegar a la Lomloe, los derechos del docente han ido mermando a pasos agigantados. Tal es así, que los padres ya se han atribuido la facultad de dar instrucciones al profesor acerca de cómo ha de enseñar a sus hijos o qué calificaciones se merecen estos. ¿Acaso un paciente se atrevería a indicarle al cirujano cómo tiene que operar? o ¿un reo le exigiría al juez la sentencia que debe dictar? El panorama es ciertamente desolador y no se vislumbra una solución a corto plazo mientras los políticos de turno sean incapaces de ponerse de acuerdo para alcanzar un pacto educativo a nivel nacional.