Suerte echada

L a convocatoria de las elecciones del 27-S no genera ningún automatismo pero el resultado que arrojen las urnas ese día tendrá una importancia decisiva en el destino de la región catalana y del Estado español. Las elecciones tendrán una alta expresividad, tanto si el soberanismo se impone, como si no. En principio, el dato relevante será si los independentistas agrupados en la lista Junts pel sí consiguen o no mayoría parlamentaria absoluta, con o sin la CUP, que se presenta por separado. No menos relevante será el porcentaje de votos independentistas, ya que la propia CUP considera, por boca del diputado David Fernández, que para legitimar la independencia es necesaria no sólo la mayoría en escaños sino también en votos.

De cualquier modo, el resultado final tendrá diversos matices, puesto que habrá que ponderar el conjunto de los resultados para componer la radiografía real de una Cataluña que probablemente no logre su asentamiento cabal en el futuro apostando por la independencia ni renunciando ella sino emprendiendo un intenso y profundo proceso negociador con el Estado, a lo que éste no podrá negarse. Ésta será en realidad la función movilizadora del 27S, que tendrá lugar, no se olvide, a tres meses de unas elecciones generales que previsiblemente provocarán grandes cambios en la cúpula del Estado. Y, en todo caso, forzarán coaliciones y pondrán fin a la rígida situación que provocan las mayorías absolutas en este país. Cataluña podrá exhibir, en definitiva, su posición, avalada por una incuestionable consulta, ante las nuevas autoridades, ante las nuevas sensibilidades. Y ello será de este modo en cualquier caso, con cualquier resultado en las autonómicas, que también expresarán el grado de irritación/descontento de la sociedad catalana ante el trato recibido en esta legislatura por parte del Gobierno central, la valoración que la sociedad catalana hace del PP y del nuevo PSC, etcétera.

Ante este abanico de posibilidades, que vendrán potenciadas por la fuerza de la democracia realmente ejercida por los catalanes, la visión reduccionista del proceso que hoy muestra el Gobierno es lamentable. El conflicto no se embridará poniendo a trabajar a los abogados del Estado para que repriman cualquier ilegalidad sino interiorizando las demandas profundas que en todo caso se manifestarán -con mayoría o sin ella- para encauzarlas mediante la negociación abierta y el pacto generoso, aunque ello suponga un replanteamiento constitucional que bien puede merecer la pena si de él deriva un Estado de nuevo en equilibrio. Produce, en fin, estremecimientos observar que la única preocupación de Rajoy y de su equipo en este hora es la de lanzarse a tiempo a recurrir cualquier proclama impertinente, sin ver que estamos en puertas de una inexorable reconsideración del Estado de las autonomías, en la que habrá que trabajar a fondo si se quiere recuperar la Cataluña airada para la causa de la españolidad.