Antón: «No estamos incentivando el desempleo»
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, destacó, en la presentación del proyecto, el carácter complementario para las personas que reciben el Ingreso Mínimo de Inserción, que verán igualada esa prestación hasta los 425,6 euros mensuales mínimos de la renta, que es el 80 por ciento del IPREM, y la ampliación del concepto de unidad familiar a la convivencia de dos o más personas en un mismo domicilio unidas por un grado de parentesco o familias monoparentales. «Es un avance en la ley», subrayó, después de incidir en que se desarrolla un derecho subjetivo recogido en el Estatuto de Autonomía.
El proyecto de ley por el que se regula la renta garantizada de ciudadanía, que ha llegado a las Cortes con el acuerdo del Consejo del Diálogo Social -“órgano en el que está el presidente de la Junta, los sindicatos y la patronal-, se define como una prestación social y económica para personas que se encuentren en situación de exclusión social, ya sea por la falta de ingresos por la pérdida de un empleo o por la dificultad para acceder a un puesto de trabajo.
Sin embargo, entiende el proyecto que esta situación no puede convertirse en ningún caso en una «medida desincentivadora de acceso al empleo», aunque la renta de ciudadanía es un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Los beneficiarios serán personas de entre 25 y 64 años con domicilio y empadronados en alguno de los municipios de la Comunidad al menos un año antes de la presentación de la solicitud.
De este plazo de un año estarán exentos los emigrantes castellanos y leoneses retornados de otros países.