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La Orden, que obliga a las Comunidades a dar más información económica, endurecerá las consecuencias en caso de incumplimiento de las obligaciones de remisión, dando lugar a un requerimiento y la aplicación de las medidas prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Además, la Orden establece que será la intervención general, o unidad equivalente, quienes centralicen la información tanto en el caso de las Comunidades Autónomas como en las Corporaciones Locales.
Castilla y León
El freno de la delincuencia convierte a la Comunidad «en segura para invertir»
Redacción