Palos de ciego

Después de tres décadas de Estado Autonómico, la crisis está obligando a que se revisen los catálogos de servicios de las diferentes administraciones, para evitar gravosas duplicidades y sangrantes chapuzas. Por eso, desde el verano, tanto el Gobierno de España como la Junta de Castilla y León han ido anticipando algunas de sus tentativas encaminadas a la reforma de la administración local. No a su correcta financiación, que es la gran asignatura pendiente de esta etapa democrática, sino al tejido de su profuso enramado. La Junta, con su Ley de Ordenación del Territorio, y el Estado, con una nueva Ley de Bases de Régimen Local. Antes de presentar su texto a las Cortes, el gobierno autonómico llevó a cabo una meticulosa ronda de contactos, en la que intervinieron representantes de todas las esferas de lo local, así como de la oposición.

Ese proceso tropezó más de una vez con la labor de zapa de algunos presidentes de Diputación, que enseguida dejaron al descubierto su doble juego, al atribuir al proyecto de la Junta algunas ocurrencias de la factoría Beteta, como la disparatada pretensión de suprimir las juntas vecinales. Antonio Beteta es el Secretario de Estado de Administraciones Públicas. Para evitar aquel alboroto estival de algunas provincias, que amenazaba con repetir el carajal de las Cajas de Ahorros, hubo toque a rebato y precisas instrucciones, que al menos por un tiempo amainaron a esos bailabotes. Así que las aguas volvieron a su cauce, mientras el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio llegaba puntual al parlamento.

Faltaba por ir dando la cara el proyecto del Estado, que ahora controla la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Es verdad que antes de poner el bisturí en lo local, habría que revisar las duplicidades encalladas a lo largo de estas tres décadas entre la esfera nacional y autonómica. Porque la administración central transfirió buena parte de sus competencias sin que el traspaso conllevara el necesario adelgazamiento de su estructura. También las Autonomías, unas más que otras, incurrieron en esparajismos ornamentales de mucho dispendio presupuestario.

Pero ahora acucia la crisis y van a cortar por donde más duele. Como no han sabido alcanzar un acuerdo estatal entre los grandes partidos ni para el salvamento financiero, ni para paliar la sangría social de los desahucios, ni para ordenar la Educación o la Justicia o el futuro de las Pensiones, ni para hacer transparente la actuación pública o revisar el sostenimiento económico de partidos y sindicatos, incluidas sus fundaciones, pues han enfilado al ámbito local. Y lo han hecho con tres anuncios que suenan, por su disparidad, como los petardos de una despedida de soltero. Que ningún alcalde cobre más que un Secretario de Estado; que las diputaciones asuman las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no puedan hacer frente a la demanda ciudadana; y una vez olvidados de las pedanías, que alguien les avisó que no cuestan nada y además administran con sensatez bienes centenarios, pretenden suprimir mancomunidades. Precisamente los órganos de gestión que se encargan de prestar servicios básicos compartidos por varios ayuntamientos, como la basura o el abastecimiento de agua corriente.