La poda administrativa

Este año alcanzamos San Antón con la cabaña diezmada, pero ni aun así descansan los esquiladores. Tenemos las minas en derrota y los paradores en rebajas, cuando nos enteramos de que Villaquilambre ha pulido cinco millones de euros en un edificio consistorial con bombillas alemanas y cascarón bioclimático, que no va a funcionar. La sede de las Cortes fue diseñada con esos lujos y este tardiego tuvieron que ponerle sombrero, porque en su interior helaba o hervía según discurrían las estaciones del calendario. Algún proyectista recordó que si la institución descansa en verano y en invierno, tampoco hacía falta mucho suplemento para templar o refrescar el edificio. Bromas aparte, es cierto que esos enredos evitan la pregunta esencial: ¿Es razonable que municipios como Villaquilambre cuenten con un casulario de casi mil millones de pesetas? Desde luego, no es el único caso de su rango y tampoco constituye una excepción en la chapuza.

Revelaciones así animan el tuntún de los recortes, aunque luego los jirones demuestren que raramente atinan los podadores. Desde que se aprobó la Constitución, pareció evidente que la descentralización del Estado Autonómico no podía consistir en la multiplicación de garitos y funcionarios. Sin embargo, mientras hubo, coexistieron cuatro escalones administrativos, cada uno de los cuales a su vez iba creando alrededor un tupido universo de fundaciones, empresas públicas, consorcios y mancomunidades. Por no detallar más el repertorio de engendros. El argumento para inflar esa burbuja era la prestación eficiente de servicios. Pero el ramaje se hizo tan espeso que con la llegada de la crisis se tornó insostenible.

Hace ahora un año, el gobierno de Rajoy anunció su pretensión de reducir un tercio de los concejales, que pasarían de setenta y dos mil a poco más de cincuenta mil. La brasa de la rebaja venía de un informe de FAES coordinado por Gabriel Elorriaga. Sin atinar muy bien con la residencia de las duplicidades, que practican fuera de sus competencias todas las administraciones consolidadas, el primer objetivo fueron las pedanías. Es decir, acabar con las Juntas Vecinales que administran los bienes comunales sin otro gasto que algo de vino y escabeche para las hacenderas. Aquella pretensión se mostró enseguida grotesca además de ridícula, y a la vez que iban rebajando la poda de veinticinco mil a diez mil concejales, enfilaron a las mancomunidades.

Como sabe cualquiera que alguna vez haya pisado un pueblo, las mancomunidades se ocupan de prestar servicios básicos que los pequeños municipios no pueden atender. Desde la recogida de basura al abastecimiento de agua, por citar dos ejemplos. Y lo hacen en el marco de la cooperación entre municipios, en general sin dotarse de estructura administrativa. La otra mañana estuvo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en Antena 3, tratando de explicar los criterios de esta reforma que quiere aprobar el Consejo de Ministros el día de santa Elvira. No fue una comparecencia afortunada. Aparte de liarse y equivocar el número de provincias de su Comunidad, que es la nuestra, se mostró más bien espesa. Pero es lo que hay y nos espera en el año que acabamos de estrenar.