Una patada a los pueblos

Por fin, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de una ley tan tonta como su enunciado: Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Semejante sarta de palabros trata de disimular el ataque a la autonomía municipal, que es donde «empieza la libertad», según el sabio Tocqueville. Después de meses de anuncios y gatillazos, el gobierno de Rajoy abrió la puerta a ese zurullo legislativo, quizá con la pretensión de alentar una polémica que distraiga otras preocupaciones más corrosivas instaladas en la sociedad. O para amargar el buen recuerdo de San Valentín a la gente feliz.

La urgencia de abordar la reforma de la administración local no admite disimulos. Empezando por el establecimiento de una financiación suficiente, que no dependa de los frutos a menudo prohibidos del desarrollo urbanístico. Esa es la reforma que urge. Dotar a la administración más cercana a los ciudadanos de los medios necesarios para prestar los servicios sin discriminación entre urbanitas y rurales. Sobre todo, en una Comunidad que acumula casi el treinta por ciento de los municipios españoles para dar servicio a poco más del cinco por ciento de la población, distribuida en un espacio que roza el veinte por ciento del mapa nacional. Y eso, por no descender a las entidades locales menores, un tercio de las cuales corresponde a León.

En lugar de avanzar en esa dirección, con soluciones que requieren estudio y trabajo, lo que ofrece el anteproyecto del gobierno son nuevos enredos. Las anunciadas pretensiones de ahorrar gasto y evitar duplicidades no guardan relación con los municipios, si excluimos a las capitales, que es donde se produce dispendio, se acumulan sueldos y se duplican servicios con la Autonomía y con el Estado. Porque la experiencia enseña que cada estamento que descentraliza y traspasa funciones por imperativo legal, a la postre no prescinde de nada y sigue con sus hábitos y costumbres. Ocurrió entre el Estado y las Autonomías y entre las Autonomías y las ciudades. Con esta norma, al Ayuntamiento de León le autorizan un asesor por concejal, que es la forma de ir nutriendo el panal de rica miel.

Cualquiera que conozca lo que significa vivir en un pueblo (no es el caso del inspirador por Faes Gabriel Elorriaga, ni del popular berciano Manuel Cobo o el socialista Gaspar Zarrías, que son quienes han andado, con más o menos mano, detrás del guiso), sabe que sus lugares más confortables son el consultorio médico y, si aún queda, la escuela de los chicos. Mientras las administraciones superiores han ido escatimando la calefacción de los colegios o institutos, en los pueblos esa falta no ocurre nunca. Porque tienen muy claro qué es importante y accesorio. Esta ley quiere quitar a los pueblos el gobierno sensato de sus lugares de convivencia y encuentro.

El anteproyecto pone el horizonte de la reforma local en el retrovisor de la historia. Para ello, plantea el rescate del modelo de la Restauración, situando a las Diputaciones en el eje de la estructura institucional. Relega lo que puede a las Autonomías y menoscaba a los municipios.

Sin ofrecer ninguna solución tangible: ni ahorro, ni eficiencia, ni mejora de los servicios. Me temo que no va a valer.