Sanidad pública tocada por recortes
Las listas de espera duplicadas sirven para medir el impacto de los ajustes. sanitarios en Castilla y León, casi tanto como la supresión de urgencias levanta al medio rural.
Protestas de los profesionales del Hospital de León, en una imagen de archivo.
Castilla y León ha espantado los aires privatizadores de los servicios sanitarios que soplan en diferentes comunidades autónomas, especialmente en la vecina Madrid. Las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y del consejero del ramo, Antonio María Sáez Aguado, han sido contundentes a lo largo del último año. Incluso la administración regional firmó un Compromiso por la sanidad pública al que se sumaron 50 sociedades científicas, colegios y sindicatos profesionales, que sin embargo no contó con el respaldo político de la oposición y sindicatos de clase al considerarlo sólo un gesto sin fondo.
Superado el debate sobre la privatización, los esfuerzos de la administración se han centrado en buscar fórmulas para conseguir una sanidad más eficiente, que en muchos casos han conllevado recortes cuyos efectos ya se observan claramente en algunos indicadores como las listas de espera, que se han duplicado en los últimos doce meses al pasar la demora media de 56 a 111 días y afecta a 40.000 pacientes.
La reducción a la mínima expresión de las derivaciones de pacientes a hospitales privados donde ser intervenidos, el fin de las llamadas peonadas, que no son más que horas extra que se pagaban a los propios médicos de Sacyl para que operasen por las tardes, no se han cubierto con el incremento de la jornada laboral de los profesionales hasta las 37,5 horas semanales, que sólo ha sido capaz de absorber el 40% del trabajo. De ahí la decisión de la Consejería de Sanidad de poner en marcha un plan de choque para reducir estas listas de espera con contratación de refuerzos y la reactivación de los conciertos con centros privados para atajar este problema.
Dentro de esta política de ahorros, una de las medidas más polémicas tomadas por Sacyl a lo largo del último año fue la supresión de las urgencias nocturnas en 17 consultorios locales que prestaban servicio en el medio rural y que tenían un bajo índice de asistencia. El ahorro: 1,5 millones de euros. Sus efectos: decenas de pueblos levantados contra esta medida, con manifestaciones, concentraciones e incluso encierros en los propios consultorios para evitar que el médico se fuera a partir de las 22 horas y ellos o las ambulancias tuvieran que recorrer decenas de kilómetros por sinuosas carreteras hasta el centro de salud de guardia más próximo. Los vecinos salieron a la calle, okuparon centros de salud y recurrieron a los tribunales, aunque las resoluciones judiciales y administrativas hechas públicas por el momento, como la del Defensor del Pueblo, dan la razón a Sanidad.
Decisiones políticas tomadas por el Ministerio de Sanidad de Ana Mato, como el aumento de la jornada de los funcionarios, la limitación de las sustituciones, reducción de sueldos y algunos complementos retributivos levantaron ampollas en el sector sanitario de Castilla y León, cuyos profesionales protagonizaron durante todo el verano pasado protestas a las puertas de los hospitales y centros de salud.
En este punto, el consejero Sáez Aguado logró pacificar los ánimos de los sanitarios con pactos con distintos colectivos profesionales por los cuales se comprometía a no rebajar más los sueldos a cambio de una colaboración de dichos colectivos –lo firmaron el sindicato médico CESM, el de enfermeras, Satse, y el de funcionarios Csif– en la búsqueda de propuestas para reducir los costes de la sanidad y buscar la eficiencia. El acuerdo, que vence ahora en junio tiene visos de reeditarse.