Oportunidad para el cambio
Opinión | Ignacio Molina de la Torre
profesor de Análisis Geográfico Regional de la UVA
Si hay un ámbito en el que se ven nítidamente los recortes en los presupuestos de la Junta de Castilla y León es en la política de fomento. Tras más de una década de continua mejora de las infraestructuras de comunicaciones y de crecimiento exponencial del suelo urbano, desde 2009 la inversión en estas áreas se ha desplomado, hasta el punto de que en 2013 no se va a construir ninguna nueva carretera. Las cifras son claras: el presupuesto de la Consejería se ha reducido en más de 600 millones de euros desde 2009, es decir, un 56% menos en cinco años. Esta reducción parece tener lógica cuando los recursos apenas alcanzan para soportar la estructura de la Administración autonómica y los costes de los servicios básicos para la población, pero no se ocultan sus consecuencias.
Este recorte ha supuesto de facto la paralización de los planes de infraestructuras y vivienda de la Junta, y nos revela algo evidente: las previsiones que los avalaban se basaban más en deseos que en un serio análisis prospectivo de Castilla y León.
Revisar en 2013 el Plan Regional de Carreteras vigente, que preveía una inversión de más de 5.000 millones de euros, muestra un excesivo optimismo financiero y una falta de rigor en las necesidades futuras de la red autonómica, claramente sobredimensionadas.
Igualmente, la apuesta por los cuatro aeropuertos regionales, en lugar de establecer una jerarquía funcional entre ellos, sólo se entiende en un contexto en el que estos gastos no parecían excesivos ni se conocía realmente el coste por pasajero.
En el ámbito de la vivienda, el fracaso de los Planes Regionales de Actuación Urbanística iniciados en 2009 no se explica sólo por la crisis inmobiliaria, sino también por su falta de adecuación a la realidad urbana en la que se planificaron. De hecho, no resulta extraño que la mayor parte se hayan parado incluso antes de su aprobación inicial.
La paralización de las inversiones ha de servir para revisar los objetivos de la política de fomento y adecuarlos a una realidad que ha cambiado. Así, los planes de infraestructuras regionales han de dirigirse principalmente a la cohesión territorial y la accesibilidad de los espacios peor comunicados, en coherencia con la apuesta por la ordenación del territorio.
Igualmente, la política de vivienda no exige crear nuevos desarrollos urbanísticos, sino mejorar el espacio residencial ya construido, a través de la puesta en marcha de nuevas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) y Renovación Urbana (ARU).