«Deberíamos haber actuado mucho antes en el drama de los desahucios»

Rotunda. Así es como se muestra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos (Palencia, 1965), a la hora de hablar de la apuesta de la Junta por la Política Social. Tanto, que defiende las «duras medidas que se han tenido que tomar», porque «lo que importa es garantizar la atención directa».

—¿Qué echa en falta de aquello que se marcó como objetivo y que no ha cumplido?

—Esta legislatura lo que hemos hecho ha sido adaptar los servicios sociales a una nueva demanda de la población. A unas nuevas necesidades que hace años hubieran sido impensables. No estaba previsto, creo que en ningún programa, que hubiera que habilitar un mecanismo para evitar que las familias fueran desahuciadas, para ayudarlas por un problema de sobreendeudamiento que les hace perder la vivienda ni tener que organizar y coordinar al sector para garantizar la fluidez de los alimentos en 24 horas. La necesidad nos ha obligado a ello y desde Castilla y León nos hemos sabido anticipar. ¿Qué hemos tenido que perder por poner en marcha estos proyectos? Las inversiones. Todo el proyecto de nuevas inversiones, la adaptación de residencias que tenían plazas de personas válidas que teníamos previsto invertir para la tuvieran también de dependientes, en este momento se han paralizado; nuevos centros que estaba previsto poner en marcha se ha decidido ralentizar el proceso de las obras, para estos nuevos servicios más necesarios y que demanda la población.

—¿Cree que se está llegando a todos los ciudadanos que ven en peligro sus viviendas?

—Se está haciendo todo lo que se puede. Es necesario que todos los ciudadanos que estén en esta situación sepan que pueden llamar al 012 y tener esta ayuda desde la administración. Es importante que los medios de comunicación nos ayudéis a difundir este servicio nuevo, que sólo tiene Castilla y León y que intenta paliar las situaciones desde el origen, no sólo desde el momento del desalojo de la vivienda. Al contrario. Es necesario que las familias sepan que se pueden acercar a cualquiera de las treinta oficinas que ya están en marcha en toda la Comunidad, para intentar actuar con carácter previo, antes de que se haya producido el primer impago. Les ayudamos a hacer planes de economía familiar, a reestructurar los gastos, a tener información sobre otro tipo de prestaciones como las ayudas de emergencia, la renta garantizada de ciudadanía… Familias que están planteando que si comen no pagan la hipoteca o al revés. Para eso se ha planificado el sistema de distribución de alimentos. En el caso de que se haya judicializado ya el procedimiento lo que hacemos es ayudar en una interlocución con la entidad financiera, a través del acuerdo que tenemos ya con las once más grandes de la Comunidad. Ha habido más de 1.100 casos atendidos durante estos meses. De los que ya se han cerrado, que son más del 50%, el 90% se ha resuelto sin problemas y sólo el otro 10% no ha habido un acuerdo con la entidad financiera. Es importante resolver el caso antes de que se judicialice el procedimiento, pero incluso en ese caso también hemos firmado un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para que los jueces nos soliciten un informe social, que nosotros emitimos en diez días. Hemos intentado cubrir las diferentes fases del proceso de desahucio.

—¿Es capaz de garantizar que toda la persona que llame tiene solución a su problema y está siendo atendida en tiempo y forma?

—Por supuesto, además en una semana, salvo que utilicen otra fecha. Es un compromiso firmado con la FEMP y se está cumpliendo.

—¿De verdad, no han actuado ustedes demasiado tarde y al rebufo de la fuerte presión social?

—El problema de los desahucios no es un problema de ayer. El mayor porcentaje de desahucios viene de procedimientos incoados en los años 2009 y 2010. Ni siquiera hay información suficiente de qué viviendas y qué procesos corresponden a la vivienda habitual, cuáles son de una nave, de un espacio comercial… El volumen global de desahucios no se corresponde en todos los casos a la vivienda habitual, que es sobre el que trabajamos nosotros. ¿Hubiéramos tenido que actuar todos mucho antes? Sí, posiblemente. Pero el caso es dar una respuesta rápida y ágil en el momento en que va surgiendo. Castilla y León fue la primera Comunidad Autónoma en poner en marcha un programa de estas características y está dando respuestas e intentamos ser ágiles.

—Y de cara a los próximos presupuestos en los que ya trabajan, ¿se atreve a asegurar que se acabaron los recortes?

—La Junta de Castilla y León siempre ha priorizado las políticas sociales. Hemos tenido que tomar medidas serias y duras que han afectado, sobre todo, a las familias que atienden en su propio domicilio, pero no ha sido en menoscabo de la atención, sino para garantizar la sostenibilidad del sistema de servicios sociales fundamentalmente con profesionales. Es cierto que hubo una reorganización del sistema, pero un año después se ha demostrado que quienes no tomaron decisiones duras y serias y explicadas y consensuadas están cerrando los centros, despidiendo trabajadores y no dan altas de personas dependientes. Es de responsabilidad tomar decisiones y explicarlas, pero garantizar lo que es básico y los servicios sociales y la atención a las personas dependientes es fundamental, máxime en una Comunidad como Castilla y León con el 24% de población de personas mayores. Si no hubiéramos tomado medidas, si hubiéramos seguido dando ayudas familiares, menos costosas y más populares, habríamos estado cerrando centros y desmantelando el sistema de servicios sociales y a futuro sería imposible reconstruirlo. Hemos apostado claramente por los servicios profesionales, porque es lo que marca la ley, lo que necesita Castilla y León y porque genera empleo, más de 15.000 puestos de trabajo. Son decisiones duras, las explicamos, hubo un consenso y un año después los resultados nos avalan.

—Pero insisto, ¿Habrá recortes? ¿Está en condiciones de garantizar que toda esa población mayor va a tener la atención que merece desde los servicios públicos o tendrán que pagar por ella?

—En principio, las medidas que se adoptaron el año pasado son para eso. Estamos trabajando ya en un modelo de centro multiservicio, desde el que se presta el servicio en el domicilio, porque hay un tipo de población de en torno a 65 años que ya lo demanda. Servicios diferentes para atender a una población que plantea demandas diferentes. La atención a la dependencia en Castilla y León está garantizada. De hecho, todos los meses se siguen dando altas. Estamos en la plena atención. El Libro Blanco de la Dependencia planteaba que en el 2015 iba a haber un número de personas atendidas de 55.000 y ya lo hemos superado. No tiene por qué haber grandes crecimientos en altas, porque ya están atendidas. Estamos en condiciones de atender la demanda de todas las personas dependientes, gracias a las medidas que hemos adoptado y al esfuerzo de las familias, en menos de seis meses, que es lo que marca la Ley.

—Es cierto, y ahí están los informes del Ministerio y privados, que Castilla y León es puntera en el servicio de atención a la dependencia, pero también hay críticas, sobre todo en la valoración. ¿Seis meses no es demasiado tiempo para dar una respuesta?

—Más que la valoración, lo importante es la concesión de la prestación. Y he de decir que somos la Comunidad autónoma en el que menos personas esperan para ser atendidas y para recibir la prestación cuando tienen derecho. Estamos en el marco y en plazo de los seis meses, con alguna excepción porque somos exigentes, es cierto, ya que exigimos todo los comprobantes de que ha sido atendido por los profesionales antes de hacer el pago de un dinero que es público, que no se olvide nadie. El presidente nacional de la Federación de Residencias aseguró que Castilla y León pagaba en plazo y cumplía los plazos. Ese es nuestro principal baluarte. También hablaba de un drama nacional y ponía a Castilla y León como un elemento diferencial dentro de ese caos nacional. Es más, pagamos más a quien menos tiene y a quien ya tiene capacidad propia se le da menos. Esa es la justicia social.