No habrá un plan específico para personas en riesgo de exclusión

Las Cortes de Castilla y León rechazaron ayer, con los votos de la mayoría del PP, una batería de siete propuestas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, apoyada por el Mixto, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León que se encuentran en riesgo de exclusión social, tal y como defendió el socialista Fernando Rodero. En Castilla y León, aseguró Rodero, hay 600.000 personas en riesgo de exclusión social en los últimos años y que el procurador de Izquierda Unida, José María González, cifró en que uno de cada cuatro castellanos y leoneses se encuentra en esta difícil situación.

«Este es un problema muy importante que hay que estudiar», remarcó Fernando Rodero, quien solicitó la elaboración de estudios para conocer la situación real de este colectivo. La prioridad, respondió la procuradora popular María Luisa Álvarez Quiñones, es atender a las personas y no realizar estudios en una Comunidad, «con más y mejores servicios sociales» y donde se dedican ocho de cada diez euros en los presupuestos a políticas sociales.

Sin embargo, Fernando Rodero exigió en su moción que se garanticen las pensiones, que se anulen las medidas del copago farmacéutico, donde Álvarez Quiñones recordó la oposición de la Junta, así como que se publique el catálogo de prestaciones antes del final 2013 previsto en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León o la mejora de la página web de la Consejería de Familia, algo que no consideró una prioridad la procuradora del PP.

El portavoz del Grupo Mixto coincidió «con todas y cada una de las siete propuestas» formuladas por el PSOE y aprovechó para criticar a la «derecha» que, a su juicio, está «encantada de dar limosna al hambriento» y utiliza la crisis para «desmontar el Estado de Derecho que recoge la Constitución».