BALANCE DE LEGISLATURA EN LAS CORTES. EL PARADERO DE LAS PNL
El mandato para ‘desnudar’ las cajas llegó cuando ya eran bancos
Economía acató la orden de las Cortes, pero lo que cobran los directivos es opaco. Actividad legislativa. Desde que comenzó la octava legislatura en las Cortes de Castilla y León, los Grupos han debatido 142 proposiciones no de ley (PNL) en pleno, de las que han aprobado 62. Todas incluyen mandatos, más o menos exigentes, al Gobierno central o al de l a Comunidad. Pero, ¿cuántas de estas resoluciones tienen un efecto práctico? Un repaso con detalle sobre las iniciativas permite concluir que el Ejecutivo central hace poco caso al Parlamento de Castilla y León. La Junta sí asume los deberes, aunque la oposición cuestiona la efectividad de las medidas que pone en marcha. Son, por otra parte, tareas fáciles, puesto que la mayoría ‘popular’ en la Cámara rebaja el contenido ambicioso de las propuestas de PSOE y Mixto.
Las cajas de Castilla y León se diluyeron en grupos financieros y pasaron a convertirse en bancos sin desnudarse ante sus impositores. Las Cortes mandataron a la Junta a realizar cambios normativos para obligarlas a hacer un ejercicio de transparencia, pero lo acordaron en noviembre de 2011, cuando ya habían traspasado su negocio a bancos. Sus resoluciones fueron un brindis al sol.
Conocidos por entonces muchos –no todos– de los escándalos y excesos que cometieron las cajas en los años de bonanza, los Grupos Socialista y Mixto impulsaron en noviembre de 2011 una proposición no de ley (PNL) y una moción, respectivamente, reclamando a la Consejería de Economía modificaciones legislativas para dar una «mayor publicidad» a la gestión de las cajas. La mayoría popular apoyó estas iniciativas, con un grado de concreción en los mandatos a la Junta poco habitual, si se compara con las 61 PNL restantes aprobadas por el plenario en lo que va de legislatura.
El 23 de noviembre, el Pleno de las Cortes requirió al Ejecutivo «las reformas normativas necesarias» para exigir a estas entidades «la misma información que la Comisión Nacional del Mercado de Valores exija a las instituciones que emiten valores admitidos a negociación (...)».
Dicho de otro modo, los Grupos querían hacer público, hasta donde la ley de protección de datos permitiera, la información sobre «percepciones, créditos, avales o acuerdos de prejubilación de personal de dirección y de plantilla» de las cajas.
Raúl de la Hoz y José Francisco Martín, los procuradores popular y socialista que protagonizaron el debate, compartieron la necesidad de promover el «buen gobierno» y generar «confianza». De la Hoz llegó a tildar de «barbaridades» algunos de los sueldos e indemnizaciones de consejeros que, por entonces, iban saliendo a la luz pública. «Por fin aparecen los milagros», reflexionó el portavoz del Mixto por IU, José María González, que dio su voto a favor.
Economía acató la orden con dos modificaciones de la Ley de Cajas a través de las Leyes de Medidas de 28 de febrero y 16 de julio de 2012. Por la primera, obligó a las entidades a remitirle cada año un informe de gobierno corporativo y otro de remuneraciones, con mandato expreso para las entidades rescatadas por el Frob. Por la segunda, adaptó la normativa a dos decreto-ley de febrero de 2012, para limitar las «remuneraciones, indemnizaciones y supuestos de extinción y suspensión de contrato» a lo fijado por el Gobierno. El resultado es que esa información sigue siendo opaca; está disponible parcialmente, sin detallar y camuflada en la web de las entidades.
El 30 de noviembre, y a propuesta del Mixto, el Pleno refrendó una moción, por la que la Junta debía solicitar a las cajas «el inventario actualizado de bienes y derechos afectos a su obra social» y «promover (...) su defensa y su afección a su función benéfica social en la Comunidad».
A principios de 2012, Economía requirió a las cajas información más amplia sobre «los medios materiales, personales y financieros» de cada una, tras la segregación de su negocio, según fuentes de la Consejería. Datos que recibió y que le servirán para supervisar la transformación de estas entidades en fundaciones.