La Junta ahorrará otros 280 millones con su reforma de la Administración
Las Cortes abren en verano para debatir la nueva ley, que incluye 65 medidas.
El consejero de Presidencia, conversa con Carriedo y el procurador Juan José Sanz Vitorio, ayer.
Los proyectos de ley de medidas para rehabilitación y renovación urbana y para la reforma de la administración de Castilla y León sortearon ayer, con el voto mayoritario del PP, las enmiendas a la totalidad que defendieron el grupo socialista y que apoyó el mixto, informa la agencia Efe.
Con julio y agosto habilitados como meses operativos en el parlamento autonómico, éste celebró ayer el primero de sus plenos extraordinarios para avanzar en la tramitación de los citados proyectos de ley, que tras el debate a la totalidad pasarán a ponencia y comisión antes de ser probados.
Unos 280 millones ahorrará Castilla y León cuando estén operativas las 65 medidas que integran el proyecto de ley de reforma de la Administración autonómica, unas economías que el PSOE no encontró por ninguna parte y que le sirvieron como uno de los ejes para pedir ayer la retirada del proyecto.
El pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León debatió ayer la enmienda a la totalidad el grupo parlamentario socialista, que justificó la iniciativa «para evitar que perpetren un ataque al servicio público y el interés general» de la Comunidad, explicó el secretario del grupo parlamentario socialista, José Francisco Martín.
El procurador argumentó la petición de retirada del proyecto en razones de principios, de oportunidad y del espíritu de un texto que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez defendió, «pensando en los ciudadanos», en cuanto que pretende una administración «más eficiente y más austera», y que «siga garantizando, e incluso incremente los mecanismos de transparencia y participación».
El consejero defendió que con estas medidas se refuerza además el papel de los empleados públicos y sostuvo que la «falta de propuestas, ausencia de alternativas, la oposición sin opción algunas es una muestra de inmovilismo», que lleva «al estancamiento, la inoperancia y la ineficacia».
Martín sostuvo que el pretendido principio de austeridad de la ley «no está probado», en cuanto que tanto el informe de la Consejería de Hacienda como el Consejo Consultivo recogen que «se desconoce el efecto en el ahorro y su cuantificación».
Tampoco se cumplen para el procurador socialista los principios de transparencia, con «una opacidad que jalona el proyecto», con dificultades «para de información para los ciudadanos», ya que «una página web», en referencia a la de Gobierno Abierto de la Junta, «es un instrumento y no un fin en si mismo, y no puede ser la única alternativa».