Ninguna conclusión
La andanada Pedro Vicente
La negativa del PP a constituir una comisión de investigación sobre la operación Púnica cerrará este mediodía un pleno de las Cortes que tuvo su preludio en la tarde de ayer con el tenso encontronazo mantenido entre la portavoz socialista y el presidente de la Junta en torno al caso Gürtel.
El reciente auto del juez Ruz motivó la pregunta dirigida por Ana Redondo a Juan Vicente Herrera quienes, a juzgar por sus respectivas intervenciones, se diría que ambos no han leído el mismo documento. Para la primera, que leyó alguno de sus párrafos, queda perfectamente acreditado que Correa y compañía se repartieron comisiones por diversas obras adjudicadas por la Administración Autonómica, entre ellas la correspondiente a la variante de Olleros de Alba. Y en consecuencia entiende que, más allá de la vertiente penal, ello debería comportar la correspondiente responsabilidad política.
No lo entiende así el presidente Herrera, para quien el auto judicial salvaguarda la actuación de los altos cargos, funcionarios y técnicos que intervinieron en el proceso de adjudicación de dichas obras. Y a modo de prueba esgrimió la resolución del Tribunal Superior de Justicia que en su día declaró plenamente legal la adjudicación de la variante de Olleros. Redondo insistió en las responsabilidades políticas, argumentando que «la mejor manera de defender a los políticos honestos es apartando a los corruptos», ante lo que Herrera la acusó de «seguir injuriando» a base de aplicar la vieja estrategia de «poner en marcha el ordenador». Cruce dialéctico en un tono bastante encendido que elevó el diapasón habitual del debate en el hemiciclo.
Tampoco parece que el PSOE y la Junta hayan leído el mismo informe del Consejo de Cuentas sobre la cuenta general de la comunidad de 2012, la última fiscalizada por dicho organismo. Donde el socialista José Francisco Martín ve reflejada una gestión poco menos que aberrante, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, tan sólo advierte discrepancias técnicas entre el Consejo y la Intervención General de la Junta. «Es usted un marrullero, no lo puede evitar», replicó la consejera ante las acusaciones del procurador.
Por los mismos o peores derroteros discurrió el toma y daca mantenido en torno al polémico Hospital de Burgos, calificado por la socialista María Fernanda Blanco como «un pozo sin fondo». La decisión del Tribunal de Cuentas de trasladar su informe a la Fiscalía y el expediente de infracción abierto por la Unión Europea confirman, a juicio de dicha procuradora, el cúmulo de anomalías que ha rodeado y rodea al hospital burgalés. Frente a ello, el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, recordó que el dictamen favorable de todos los miembros del Consejo Consultivo, incluidos los dos ex presidentes socialistas de la comunidad que han formado parte de dicha institución. Además de eso Sáez no dudó en calificar de «trapaceros» los argumentos utilizados por la procuradora.
El consejero de Sanidad se tuvo que batir después el cobre con el socialista Fernández Cardo, quien le preguntó si pensaba tomar alguna medida «para acabar con los grandes abandonos de la Sanidad en la provincia de León». Sáez no sólo negó la acusación, sino que enumeró toda una serie de mejoras introducidas en los hospitales y centros de salud de la provincia desde que está al frente de la consejería. Para referirse al mismo paciente, uno y otro no pudieron mostrar radiografías más opuestas.