discusiones que duran años
La mina de uranio divide a Retortillo
El debate se centra en el empleo, el que podría crearse, pero también el que se pudiera destruir, así como sobre el cumplimiento de las leyes.
En la imagen, algunas de las 30.000 encinas que se talarían si se crea la mina de uranio. C. GARCÍA GARCÍA
efe | salamanca
El debate ciudadano abierto sobre la posibilidad de abrir una mina de uranio en el oeste de la provincia de Salamanca gira en torno al empleo, el que podría crearse pero también el que podría destruirse, y también sobre el cumplimiento de las leyes, lo que analiza ya la Audiencia Nacional.
Las discusiones se arrastran ya desde hace años en el entorno del municipio salmantino de Retortillo, cuando la compañía Berkeley comenzó a hacer prospecciones en la zona, pero ahora se han recrudecido con el avance de los trámites y los recursos ante la Justicia planteados por Ecologistas en Acción y Equo, a quienes la Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite una denuncia.
Las mayores hostilidades se viven en Retortillo, donde la promotora del proyecto ha instalado sus propias oficinas con una treintena de empleados, con el fin de crear una mina de uranio a cielo abierto, que sería la única en Europa, tras el cierre de la que había en Saelices El Chico, también en el oeste de la provincia salmantina.
El representante de la Plataforma Stop Uranio Jesús Cruz, que encabeza desde hace años la lucha contra esta explotación, declaró que «en realidad, esta mina no traerá riqueza, ya que creará empleos durante 9 años y luego dejará de funcionar y todo el terreno quedará inservible».
Una de las mayores preocupaciones de los vecinos de este municipio es cómo afectaría la apertura de una mina de estas características al Balneario de Retortillo, donde hay medio centenar de empleados de los pueblos del entorno, ya que son unas termas de origen natural, a orillas del río Yeltes, «a las que no iría nadie en el momento que empiece a funcionar la mina», en opinión de Cruz.
La Plataforma esgrime además el argumento medioambiental y sanitario, al sostener que la primera fase de explotación de la mina sería «un gran peligro», al liberar en un radio de entre 30 y 50 kilómetros gas radón, considerado como material radiactivo.
El alcalde del municipio, Manuel Francisco Hernández, prefiere no dar su punto de vista, ni como vecino ni como alcalde, ya que «el pueblo está bastante dividido» y, por tanto, considera que es mejor no dar su opinión.