Las víctimas de terrorismo de la Comunidad serán reconocidas
Los damnificados y sus familias recibirán ayudas sanitarias, sociales y de memoria.
La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, con De Santiago-Juárez. NACHO GALLEGO
efe | valladolid
Las víctimas de terrorismo de Castilla y León y sus familias recibirán ayudas sanitarias, educativas, servicios sociales y de reconocimiento y memoria, según el anteproyecto de ley que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, que incluye el estudio en secundaria de las formas del terrorismo. El Consejo de Gobierno ha conocido hoy este texto, que desde mañana colgará el portal de Gobierno Abierto de la Junta.
El anteproyecto, que ha detallado hoy el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, es un compromiso de investidura del presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, y afecta a las 392 víctimas de terrorismo castellanoleonesas y a sus familias.
Las ayudas asistenciales beneficiarán a la víctima, su cónyuge e hijos, mientras que las de reconocimiento y apoyo al movimiento asociativo se extienden a padres, abuelos, nietos y hermanos.
Las ayudas sanitarias les permitirán recibir tratamientos médicos, prótesis, intervenciones quirúrgicas y prestaciones ortopédicas siempre que deriven del atentado y que no hayan sido cubiertas por un sistema público o privado de aseguramiento.
En cuanto a la educación, tendrán exención de tasas por servicios complementarios, como comedores escolares y recibirán asistencia específica que permita una atención individualizada cuando retomen sus estudios tras la acción terrorista.
Algunas ayudas ya estaban recogidas en órdenes y decretos anteriores, que ahora adquieren rango de ley, y otras son nuevas, como que tendrán preferencia en el acceso a residencias para mayores y a prestaciones sociales e instalaciones juveniles.
Y para ello, «no se tendrá en cuenta el cómputo de la renta familiar».
También se recogen dispensas para acceder a viviendas públicas, así como en lo requisitos a los titulares de este tipo de vivienda.
El anteproyecto incluye medidas de promoción del empleo por cuenta ajena y como autónomo de las víctimas; con el reconocimiento de los derechos que en función pública tienen los funcionarios en permisos, reducción de jornada, traslado o acceso a función pública.
También estarán exentos de abonar las tasas para acceder a las pruebas selectivas de personal al servicio de la Administración.
En cuanto al reconocimiento y memoria, se crearán dos medallas para reconocer a las víctimas castellanoleonesas, independientemente de dónde hayan sufrido el atentado y para los que se hayan destacado por su lucha contra el terrorismo.
La norma autonómica mantiene las cuantías e indemnizaciones que fija para las víctimas la ley estatal de 2011 y recoge la necesidad de fijar elementos distintivos como homenaje y de que los poderes públicos velen por su dignidad impidiendo cualquier acto, manifestación o símbolo vejatorio, de humillación para las víctimas, de exaltación u homenaje a terroristas.
Incluye además que se celebrará el Día Europeo de las Víctimas el 11 de marzo y el 27 de junio como día de recuerdo a las víctimas en España.
Regula, asimismo, la «Educación para la paz», de forma que se incluirá en el currículo educativo de la enseñanza secundaria la historia, evolución y consecuencias de las distintas formas de terrorismo en España.