Los tasadores ratifican que el precio del edificio de Arroyo era menor al pagado
Los testigos valoraron entre los 39 y 42 millones la infraestructura frente a los 70 que pagó la Junta .
El polémico edificio está situado en Arroyo de la Encomienda, a la salida de Valladolid. EFE
efe | valladolid
La instrucción del caso sobre la adquisición del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se retomó ayer, después de tres meses de parón, con la declaración de dos tasadores que ratificaron que el valor de la infraestructura era menor al finalmente pagado.
Desde el pasado noviembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid no acogía declaraciones dentro de las diligencias abiertas por esta operación de compraventa, que los dos testigos que comparecieron ayer valoraron entre los 39 y los 42 millones de euros y que la Junta finalmente acabó pagando 70 según el informe pericial de la Intervención General del Estado.
Se trata de dos informes fechados en 2009 y que según han informado fuentes jurídicas nunca llegaron a manos del Consejo de Administración de la sociedad pública Gesturcal, que llevó a cabo la operación y que posteriormente se fusionó con la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE).
De este modo, los dos tasadores pusieron de manifiesto con sus declaraciones ayer que supuestamente existe un desajuste entre el valor catastral del edificio y lo finalmente pagado, que es lo que está investigado el magistrado, un posible caso de malversación de fondos públicos como consecuencia de unos sobrecostes.
Las declaraciones en el Juzgado comenzaron el pasado mayo con la cita de un arquitecto que aseguró que el pliego de condiciones del edificio estaba en su despacho antes de que saliera a concurso público y que continuó con más de una quincena de cargos de Gesturcal y ADE, presentes en el Consejo de Administración donde se decidió la operación.
Cuando declararon, alegaron no recordar circunstancias sobre este asunto y señalaron en última instancia al viceconsejero de Economía de la Junta por aquel entonces, Tomás Villanueva, ya que según dijeron él daba órdenes sobre la compraventa del edificio, precisaron entonces fuentes jurídicas.
En estas comparecencias, el actual delegado de la Junta en Valladolid e investigado en el caso, Pablo Trillo, manifestó que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, estaba al tanto de que se estaban llevando a cabo operaciones de compraventa del inmueble, agregaron dichas fuentes.