Diario de León

La Junta avanza que se personará en el caso de la trama eólica

La Fiscalía se ha querellado contra 21 personas por cuatro presuntos delitos .

La presidenta de las Cortes se reunió con los portavoces parlamentarios. NACHO GALLEGO

La presidenta de las Cortes se reunió con los portavoces parlamentarios. NACHO GALLEGO

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efe | valladolid

La Junta de Castilla y León remitió ayer un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que le pide la resolución por la que ha presentado una querella contra 21 personas, entre ellas varios exaltos cargos autonómicos, en relación con la supuesta trama eólica, con la intención de personarse en este caso.

Según un comunicado de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Economía y Hacienda ha remitido un escrito a la citada Fiscalía en el que manifiesta la condición de interesado del Ejecutivo autonómico para que se le dé traslado de esta resolución.

La Fiscalía anticorrupción ha presentado una querella por una trama eólica en Castilla y León, con 21 acusados por prevaricación, blanqueo, delito fiscal y tráfico de influencias en la instalación de parques eólicos, ante lo que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha ofrecido la máxima colaboración.

La querella recoge que entre los encausados figura el exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado, entre otros altos cargos como Alberto Esgueva, y directivos de las empresas que construyeron los parques, como Iberdrola o Collosa, en una trama en las que las comisiones desveladas sumarían en torno a los 80 millones de euros.

La notificación de esta resolución resulta esencial para que la administración autonómica «puede hacer valer sus derechos ante el órgano judicial, puesto que la Junta de Castilla y León tiene interés en personarse en las diligencias en el caso de que exista un perjuicio para la Hacienda Pública de la comunidad o para los intereses públicos que la misma representa», se especifica en el comunicado.

La Junta recordó que el Gobierno castellano y leonés ya se manifestó en ese mismo sentido en el escrito que envió a la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2015.

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