Censo menguante
S acar adelante un veinte por ciento del territorio nacional con los recursos asignados para algo menos del cinco por ciento de población supone un reto destinado al fracaso. De ahí la importancia de corregir aspectos cruciales como la financiación autonómica, para que considere las necesidades y los costes de una población mayor y dispersa, cuyos servicios básicos requieren mayor desembolso presupuestario. Únicamente a través de la corrección de los presupuestos públicos puede derivarse un mejor cuidado del mundo rural, porque los impulsos económicos privados responden a otros criterios bien dispares. Abundan los ejemplos. La mudanza del modelo territorial bancario, que arrastró a las antiguas Cajas de Ahorros, dejó al cabo de pocos meses un desierto de servicios en el medio rural, que se agrava con medidas irresponsables, como concentrar en una única entidad el cobro de multas extendidas por todo el territorio. Es lo que ha hecho Tráfico con sus sanciones, que antes se podían abonar en media docena de entidades y en la actualidad hay que cotizarlas en la Caixa catalana, que además aprovecha agosto para cerrar por vacaciones sus escasísimas oficinas rurales. También el servicio público de Correos ha ido cerrando oficinas rurales o dejando algunas, como Riaño, con un horario de apertura durante una hora semanal. Desde luego, estas no son medidas que ayuden a superar la pindia pendiente de la despoblación.
Como tampoco lo son varios de los clichés circulantes, que tratan de ocultar la dimensión del problema. Un ejemplo es el recurso a la laponización, que aparte de su connotación despectiva, esconde también un engaño. En Laponia viven menos de doscientas mil personas en un espacio superior al nuestro, pero nunca vivieron más. Por el contrario, Castilla y León ha ido perdiendo población en sucesivas oleadas migratorias, que llevaron lejos de su tierra al sector dotado de mayor vitalidad. En buena medida, eso ha ido ocurriendo con el desinterés de las administraciones públicas, que nunca se plantearon políticas eficientes para corregir las desigualdades. El catedrático emérito bañezano Valentín Cabero Diéguez observa la situación como consecuencia de una especie de «maldición casi bíblica», acrecentada por una gran resistencia de los mayores a moverse de ese territorio. El problema candente es la penalización de estos resistentes en su capacidad de acceso a los servicios públicos. Demasiado a menudo, las gestiones cotidianas con la administración están diseñadas para su manejo desde la propia oficina ministerial que las arbitra, sin pensar jamás en esa España pequeña y diversa habitada por mayores, donde ni hay cobertura de red ni las destrezas virtuales son de uso generalizado.
Y pasa con todos los trámites, sin excepción. Ya se trate de renovar documentos o de pagar tributos o multas. Aunque todos los territorios estamos representados en los escenarios parlamentarios encargados de vigilar tales estrategias, la impresión es que una vez sentados en aquellos estrados, los diputados, senadores o procuradores que elegimos resignan expresar reparos para evitar que les cuelguen el cartel de lapones o campesinos. Porque también ellos son gente estudiada y con competencias para gestionar lo que les llegue. En cambio, parece que olvidan con demasiada prisa las necesidades de aquellos que cada cuatro años les respaldan con su voto para cuidar estos asuntos en los escenarios de decisión y control. Así que ya sabemos que lo hecho hasta ahora no sirvió de nada. A ver si no se les olvida la tarea pendiente para evitar nuestra incursión en la insignificancia.