Territorio combustible
E n medio del barullo que conviene a los atizadores de un lado y otro de la bronca, nos va quedando el persistente crepitar de los incendios con su inevitable cuelga de lamentos. Como si la devastación de nuestro patrimonio natural fuera una consecuencia de la fatalidad. Y esto no sólo no es así, sino que hay que tocar las campanas a rebelión. Porque los incendios que asuelan el ámbito rural son el golpe definitivo sobre un espacio previamente descartado como territorio combustible dispuesto para el fuego. Es verdad que este año la pertinaz sequía preparó los montes para su incendio, pero no es menos cierto que a nuestro alrededor los pirómanos actúan protegidos por la impunidad. El saldo de la temporada, que todavía dista de haber concluido, nos adjudica este año el cuarenta por ciento del territorio quemado en España. Y aunque en tamaño somos grandones, conviene recordar que sólo ocupamos el veinte por ciento del territorio nacional.
Así que vamos a tener que asomar por encima de las bardas para descifrar dónde se esconde la explicación que nos ayude a interpretar la voraz chamusquina. Porque no cabe seguir atribuyéndola a una maldita fatalidad. Y menos aún buscar su motivo en la supuesta tradición incendiaria de nuestros campesinos. Vecinos y asociaciones comarcales de los lugares devastados por el fuego insisten en señalar que los autores de los hechos son conocidos. Pero nadie olvida el pasado reciente, cuando incluso autores confesos de incendios acabaron quedando sueltos y libres de cargos. Porque una cosa es hablar de ecoterrorismo ante el calor de las llamas y otra bien distinta, pero bastante más eficiente, penalizar como es debido estas prácticas. Verbalizar con exceso es gratis y hasta consigue aplausos. Pero no puede ser que año tras año se malogre una millonada en sofocar incendios provocados y sigamos impávidos. Sólo la Junta de Castilla y León más de ochenta millones de euros en esta temporada todavía sin concluir.
Un período incendiario que no se atiene, por supuesto, a los tres meses de campaña. Y que cuenta en Castilla y León con el viento a favor de un espacio rural desmedido y desvalijado. Dejado a su suerte hace ya mucho tiempo. A esa estrategia responde la renuncia a un despliegue razonable de la guardia civil por el territorio. ¿Quién va a detener y acusar a los pirómanos? ¿Los vecinos, poniendo en riesgo sus propias viviendas, o los guardias que acuden en visita de inspección cuando las llamas se acercan al caserío de los pueblos? Porque este es el paisaje resultante una vez que se apaga el fuego.