El PSOE pide amparo al TC en los casos de corrupción de las eólicas
Aseguran que la «actitud de obstrucción del PP» es la razón de la presentación del recurso.
Los políticos socialistas, ayer, ante el TC tras presentar el recurso de amparo. BALLESTEROS
efe | madrid
El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León presentó ayer el anunciado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el «bloqueo» que a su juicio ha llevado a cabo el PP en la comisión de investigación sobre el caso de los parques eólicos y las supuestas irregularidades en la compra del edificio de la «Perla Negra».
El recurso ha sido presentado vía telemática, aunque el presidente del grupo parlamentario socialista, Javier Izquierdo, el portavoz de Hacienda, José Francisco Martín, y el portavoz del Senado, Ander Gil, han comparecido ante los medios de comunicación en la sede del TC para explicar la iniciativa. Izquierdo señala que presentan este recurso por la «actitud de obstrucción» que tiene el PP y la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, de la comisión de investigación de la trama eólica y porque consideran que están impidiendo que avancen las comparecencias de la misma. «Es ya el último paso que nos quedaba por llevar a cabo», ha señalado, para añadir que ya han intentado utilizar todas las herramientas por vía política para «desbloquear» esta situación y continúe el trabajo de la comisión de investigación. «La actitud del Partido Popular es tratar que esta comisión embarranque y concluya la legislatura sin que haya podido culminar sus trabajos y sin que se haya podido tomar declaración a los comparecientes», ha apuntado.
Tapar la corrupción
Además, Izquierdo manifiesta que esta actitud del PP pretende «tapar la corrupción que ha podrido durante años el Gobierno de la Junta de Castilla y León», por lo que, ha dicho, no les ha quedado «más remedio» que pedir amparo al Constitucional, del que esperan que se lo conceda.
Esta comisión de investigación surgió a raíz de que la Agencia Tributaria emprendiera una investigación por las supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones para la instalación de parques eólicos en Castilla y León, con el pago de unos 80 millones de euros en comisiones, de las que pudieran haberse beneficiado al menos dos exaltos cargos del Ejecutivo autonómico. La comisión se creó en octubre de 2015 y los socialistas han denunciado su inacción real desde marzo de 2016, cuando la oposición planteó la necesidad de llamar a declarar al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, a lo que se opuso el PP, que desde entonces mantiene el argumento de que algunos de los asuntos abordados están subyúdice.
Por su parte, Ander Gil expresa que la actitud de «bloqueo» que tiene el PP en este asunto «es el síntoma más evidente de un Gobierno en final de ciclo».