Estatuto de Autonomía

Era un 22 de febrero de 1983. Por aquellos días el mundo giraba en torno al empeño del mundo libre por acabar con el telón de acero. Mientras, en el Congreso de los Diputados se aprobaba el Estatuto de Autonomía de Castilla y Léon. Con ello, León se incorporaba de manera definitiva a una comunidad que se convertía en la más extensa de España formada por nueve provincias. La rapidez con la que hubo de sancionarse forzó a que se tuvieran que realizar modificaciones formales al poco tiempo. Así, se corrigió la mención al presidente de Castilla y León sustituyéndola por presidente de la Junta de Castilla y León. Asimismo, se cambió la descripción del escudo y el artículo siete se modificó con una mención al retorno de los emigrantes. El Congreso dio luz verde a una enmienda en virtud de  la cual la circunscripción electoral sería a partir de entonces la provincia, asignándose a cada uno un número mínimo de tres procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.

Alejandro Valderas fue procurador de la UPL en la anterior legislatura. Recuerda que entre 1981 y 1983 participó en la redacción del Estatuto. "La tramitación fue horrorosa porque nos pilló el Golpe de Estado de Tejero", manifiesta, y recuerda que en ese momento la nueva norma que articularía la autonomía se encontraba ' en pañales'. "Se estaba redactando en primera instancia y lo aprobó por decreto el PSOE", defiende Valderas, que recuerda que fue precisamente la falta de tiempo la que llevó a que el Estatuto tuviera que ser corregido al día siguiente. "Se hizo por ley orgánica", destaca y precisa que fue la inclusión de Segovia, una provincia con la que no se había contado en un primer momento.

Valderas añade que en la redacción también participó Luis Herrero Rubinat. "Nos lo pidió Andrés Fernández, al que habían echado del PSOE y que nos pidió que le ayudáramos con ideas para la provincia. Nuestra fue la enmienda de la 'y', la que determinó que la comunidad no se nombrara como Castilla-León sino como Castilla y León, con el fin de dejar claro que eran regiones diferentes", sostiene Valderas. El leonesista lamenta que hubo propuestas que no se aceptaron. Es el caso de su enmienda acerca de la distribución equiparable entre Castilla La Vieja y León. "Queríamos que se respertara la historia de las dos comunidades y que la distribución gesográfica se equiparara a la del poder", recuerda. 

Otro de los históricos es el socialista Jaime González, consejero de Agricultura, Ganadería y Montes entre 1984 y 1986 y vicepresidente de las Cortes entre 1991 y 1999. "Aún me acuerdo del día que me llamó Demetrio madrid. Yo estaba en concentración parcelaria y me ofreció la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes", recuerda, y añade que le exhortó a que estuviera en su despacho al día siguiente. En cuanto a la posibilidad de que León se hubiera conformado como una autonomía aparte de Castilla. "Había un mapa hecho y era algo incontrovertible", manifiesta González, que añade que al final el tiempo ha configurado el modelo. "Nadie se plantea saltos hacia atrás", zanja. Lo que sí defiende es la modificación del Senado, que el considera clave para el desarrollo de España. Jaime González advierte de la necesidad de que se convierta en una cámara de representación territorial en la que estén los presidentes de las comunidades. "Las decisiones políticas que nos afectan tienen que estar en el Senado". 

El político socialista, que califica el proceso estatutario de positivo, cree que aún hay margen para mejorarlo y se refiere a la financiación de las comunidades autónomas. Por otro lado, sostiene que Castilla y León tiene fortalezas que aún hay que explotar y pone en primer lugar los recursos naturales de que dispone, su gran riqueza medio ambiental. "La quinta parte de los parques protegidos de España están en Castilla y León", incide. 

El que fuera vicepresidente de las Cortes recuerda que la primera sede de Gobierno estaba en el Palacio Isla, en Burgos. "Era la residencia de los Franco cuando estaban en la ciudad y era tan pequeña que apenas cabíamos", recuerda con humor, y añade que los principios fueron "durísimos". "El traslado lo hicimos nosotros porque no cabíamos. Valladolid tenía condiciones de centralidad que no tenían otros y se eligió esa ciudad por una simple cuestión de centralidad política", asegura.

"Yo lo que veo es que desde la comunidad, el sentido de pertenencia a la comunidad no tiene dudas; el hecho autonómico ha prevalecido en León". El actual presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, considera que ya nadie cuestiona la pertenencia de la provincia a la comunidad y lo califica de situación irrevocable. Amilivia, que fue procurador durante la quinta y la sexta legislaturas considera que este sentimiento de adhesión  se ha logrado gracias a gobiernos que han ejercido las competencias asumidas de manera muy positiva. "En todos los parámetros de servicios sociales, sanidad y educación aparecemos en los primeros puestos", defiende. El presidente del Consultivo es consciente de que la comunidad se enfrenta a graves problemas que le afectan como comunidad, y cita la despoblación, el envejecimiento y la desindustrialización y apela al sentido de estado y a la solidaridad del resto de comunidades. "Es normal que cada uno intente llevar el ascua a su sardina, pero los derechos nos los tienen que garantizar a todos", defiende. 

El portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, asegura que el Estatuto ha aportado elementos de avance y desarrollo para esta tierra. Con tres años como procurador, el político sostiene que es un texto que no se ha terminado de llevar a la praxis, y lo explica en el hecho de que muchas de sus disposiciones, especialmente las relativas al bienestar social, no se han traducido en políticas concretas.

"El primer reto debería ser ese cumplimiento íntegro del Estatuto, entendiendo que es necesario reformarlo para blindar los servicios públicos fundamentales, para garantizar desde la administración una vida digna a todas y cada una de las personas que habitan en la Comunidad, y para revertir los múltiples desequilibrios territoriales provocados por las políticas del PP", defiende. Asimismo, el líder de Podemos advierte de que el Estatuto debe introducir cuestiones de regeneración democrática que " de forma unánime la sociedad está demandando".