Dispersos y mermando
E l ministro Cristóbal Montoro se ha acreditado como implacable fisgón de las cuentas ajenas y esa prueba nos tenía tranquilos, suponiendo que la misma vigilancia la iba a aplicar a sus asuntos. Pues ya hemos visto que nones, que una cosa es escrutar y otra muy distinta prestarse al ordeño. Pasó con el primer anuncio del conato presupuestario para 2018, cuando advirtió a los pensionistas que nada de sus pedidos, pero aprovechó el trámite para aplicarse una subida de sueldo que multiplica por seis el precario incremento de los jubilados. Disfrazó el descaro con cobertor funcionarial, pero ya sabemos que la clase política tiene esa misma condición en grado eventual. Así que a embaular y que rabien los viejos. Como el presupuesto para 2018, presentado con siete meses de retraso, no tiene mucha pinta de prosperar, que se amuelen los impacientes, porque Montoro ha empezado a repartir bombitas y petardos por doquier.
A veces, en ese afán bocaclancla por molestar, no calcula qué callo pisa, sin reparar en que no es lo mismo asfixiar a las juntas vecinales de los pueblos, que patear a los jueces del Supremo, cuyas fauces son más temibles que las suyas. Y en eso anda este pájaro de mal agüero. Incapaz de meditar antes de embestir, con su última ocurrencia desmonta la estrategia incriminatoria del Supremo respecto a la tramoya del 1 de octubre en Cataluña. Si los jueces comarcales alemanes ya habían cuestionado el delito de rebelión de los perseguidos, ahora Montoro con su ocurrencia de bareto desmonta la malversación, al asegurar que en el operativo de la consulta no se gastó ni un euro público. Sea como fuere, el juez Llanera ya le ha convocado a capítulo y en cualquier momento farfullará las primeras excusas. Liando la madeja, mientras le dejen, que en eso sí que es experto.
Pero además de avenidas y desbordamientos, después de la temporada de nieve y lluvias, nos ha azotado esta semana la rabia del caso Gaspar Arroyo en Palencia, donde una explosión de gas mató a nueve vecinos e hirió a treinta, hace ya once años. Once años ha tardado la justicia en celebrar el primer juicio, en el que los condenados Gas Natural y Mapre ya han anunciado que piensan recurrir, para no pagar o al menos retrasar el abono de los siete millones de la pena. Son nueve muertos, treinta heridos y un bloque de viviendas destruidas. Después de once años de espera, ¿cabe seguir hablando de justicia?
Pero el tiempo no corre igual para todos, eso está claro. Por eso, los vecinos de la ribera del Arlanza siguen sin entender las demoras encadenadas del embalse de Castrovido, cuyo cierre de compuertas se anunció para septiembre de 2017, después de una década de obras. Esa previsión ha vuelto a quedar incumplida, porque el esclarecimiento de un accidente con cuatro muertos aplastados por un depósito de hormigón, en el otoño de 2011, paralizó unos meses el ritmo de las obras. Así que tanto el abastecimiento como los riegos tendrán que seguir esperando a que vuelva a nevar y llover como este invierno. De momento, lo único perceptible es la permanencia de los desbordamientos de siempre, desde Lerma a Palenzuela. Cuando llega la sequía, los políticos invocan la necesidad de más embalses, pero entretanto descuidan su remate o mantienen inservible durante un cuarto de siglo el de Villagatón. Pendiente todavía su llenado de que un par de políticos autonómicos tramiten la cesión a los confederados del Duero. Claro que menos prisa se dio la comisionada Edelmira Barreira en rematar su estrategia para detener la sangría rural. Vinieron de convite a Zamora, siguió estirando el plantón y nada hubo.