Junta y oposición se unen para exigir un modelo de financiación por consenso

DL / EFE | VALLADOLID

Las Cortes de Castilla y León han reeditado los acuerdos de Comunidad en materias como la financiación autonómica, el mantenimiento de la PAC y los fondos de cohesión europeos y la defensa del carbón autóctono, cuya vigencia había puesto en duda el PP por el cambio de Gobierno de España. Lo han hecho ayer por medio de las propuestas de resolución que han emanado del debate sobre el estado de la Comunidad, con la aprobación de 75 medidas, más de la mitad de las 147 defendidas por los cinco grupos parlamentarios, de las que 51 han salido adelante por unanimidad de todos ellos.

El Grupo Popular, con sus 42 procuradores, ha conseguido dar luz verde a todas sus iniciativas con mayor o menor respaldo y en 18 de ellas ha logrado el apoyo unánime de la Cámara, aunque la oposición ha lamentado que muchas de ellas sean cuestiones en las que ya hay acuerdos previos o bien «brindis al sol» sin efectos prácticos.

Sin embargo, el PP ha defendido que estas medidas tienen como objetivo avanzar en la calidad de los servicios públicos que presta la Junta, seguir consolidando el crecimiento económico y continuar creando más empleo y de más calidad.

El PSOE únicamente ha visto aprobar tres de sus treinta propuestas de resolución y sólo una de ellas por unanimidad, centradas en los pactos alcanzados para pedir el mantenimiento de la PAC, la financiación autonómica y también para demandar el mantenimiento de la apuesta por el carbón autóctono, todo ello en reivindicación al Gobierno central.

En el caso de Podemos, ha sacado adelante ocho iniciativas, de las cuales 6 han obtenido el apoyo unánime de la cámara, centradas en financiación autonómica, I+D+i, etiquetado, agricultura, desempleo y la retirada de los símbolos franquistas de los centros educativos.

Más apoyo ha tenido el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ha obtenido el respaldo unánime de la Cámara a 16 de las 20 iniciativas que han sido aprobadas centradas en las infraestructuras, la agricultura y la ganadería, el empleo y los recursos forestales, entre otras, mientras que otras diez han sido rechazadas.

Por último, dentro del Grupo Mixto, Izquierda Unida-Equo ha conseguido apoyos suficientes para aprobar cinco propuestas, de las cuales tres han sido unánimes, entre ellas las encaminadas a que la Historia de la Filosofía vuelva ser obligatoria en Humanidades, a fomentar el programa de apoyo a los campamentos saharauis y otra con el único apoyo de Podemos y Ciudadanos para no renovar los peajes en Ávila y Segovia, ante la que se han abstenido el PP y el PSOE.

La UPL ha logrado la luz verde para nueve iniciativas, siete de ellas por unanimidad, entre las que destacan el apoyo a varias infraestructuras y el apoyo al carbón autóctono, aunque se ha mostrado escéptico ante las posiciones de los sucesivos gobiernos del PP y el PSOE.

La primera en intervenir ante el Pleno fue la nueva portavoz adjunta socialista, Mercedes Martín, quien reiteró el compromiso de su partido con los acuerdos de Comunidad suscritos cuando el PP aún estaba en el Gobierno central, pero se quejó de la «visión distorsionada de la realidad» que tienen los populares, frente al «diagnóstico certero» del PSOE.

«El PP lleva 30 años y no ha entendido todavía esta Comunidad», ha criticado Martín, para quien la herencia que dejará el año próximo el presidente Juan Vicente Herrera es un territorio «apagado, vacío y desigual», a pesar de las «indiscutibles fortalezas» de sus habitantes.

Natalia del Barrio, de Podemos, demandó una autonomía que «no deje a nadie atrás» y con un enfoque «feminista», pero lamentó que la «autocomplacencia» del Ejecutivo autonómico genere problemas como la despoblación, la exclusión social y la pobreza infantil.

El viceportavoz de Ciudadanos, David Castaño, incidió en los problemas de despoblación que padece la Comunidad, con rasgos propios al margen de los comunes con el resto del país y Europa, y atacó el freno anunciado por el Gobierno socialista a la reforma del modelo de financiación autonómica, con reuniones bilaterales que pueden perjudicar, dijo, a la autonomía.