La Comunidad crea un impuesto sobre el riesgo de almacenar residuos nucleares

EFE | VALLADOLID

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado ayer una modificación legal por la que se crea un impuesto sobre el riesgo medioambiental del almacenamiento de residuos nucleares de la central de Garoña, que ha sacado adelante el PP gracias a la abstención de Podemos, IU-Equo y UPL. Han votado en contra de esta modificación el PSOE y Ciudadanos, que creen que con esta ley Castilla y León incurre en una doble imposición al considerar que ya existe un tributo de ámbito nacional en este mismo sentido, por lo que han dado por hecho que habrá recurso ante el Tribunal Constitucional.

Entre diez y quince millones pretende recaudar la Junta de Castilla y León con este nuevo impuesto, que según ha adelantado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, irán destinados a reactivar económicamente el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de Burgos. La consejera ha defendido un impuesto cuya recaudación ya fue incluida en el Presupuesto Autonómico para este ejercicio, pero que en su elaboración definitiva ha contado con reparos legales por parte de los propios servicios jurídicos del Gobierno autonómico, del Consejo Consultivo y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Durante su intervención para defender el proyecto de ley, Del Olmo ha asegurado que esta normativa sobre residuos nucleares no es distinta a las que están vigentes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, y también ha mantenido que el hecho imponible de este nuevo tributo es «distinto» al impuesto nacional.

La consejera ha anunciado que rebatirá los argumentos dados por el Ministerio para la Transición Ecológica en un reciente informe y ha adelantado que espera «el mismo trato que Cataluña», en el sentido de que le Gobierno no recurra esta modificación legal ante el Tribunal Constitucional. Tras criticar la falta de alternativas por parte del PSOE a su decisión de que la central nuclear de Garoña cerrara al no permitir la prórroga de actividad, la consejera ha pedido «que actúe ya» en la zona para proveer de una alternativa industrial a la instalación nuclear.

La portavoz socialista Virginia Jiménez ha dado por hecho que este impuesto va a ser declarado inconstitucional porque incurre en la doble imposición y ha atribuido su aprobación a la «pataleta» de la consejera tras darse cuenta de que la propietaria de Garoña, Nuclenor, cerraba por motivos económicos y la dejaba «con el culo al aire».

«Se negó a aplicar un impuesto medioambiental cuando producía energética y ahora pretende aplicarlo cuando ya no tiene actividad», ha lamentado la representante socialista, convencida también de que este impuesto no recaudará nada y de que la votación hacía a Podemos «cómplice» del PP: «el tiempo podrá a cada uno en su sitio», ha vaticinado.

El representante de Podemos Félix Díez negó que su partido entre en el juego del «y tú más» y del «engaño» que aplican el PP y el PSOE en este debate: «no podemos ser cómplices de nada, mantenemos la misma posición», ha resumido. Díez ha reconocido que quizás el PSOE tenga razón en que «es muy difícil» que pueda aplicarse un impuesto a una empresa que carece de actividad, pero ha afirmado que «mejor pecar de ingenuos» y abrir la posibilidad a que se recauden hasta 15 millones de euros.

«Agradecemos a Podemos que en el desarrollo de esta ley se haya diferenciado del PSOE», ha expresado la procuradora del PP Irene Cortés, quien ha protagonizado una de las anécdotas del debate al pedir el acuerdo de los grupos para corregir un error en enunciado de la ley, ya que se habían incluido dos «sobre» seguidos y ha pedido «retirar uno de estos sobres».

El siguiente en defender enmiendas fue el portavoz de IU-Equo, José Sarrión: «Menos da una piedra», ha resumido después de expresar que este impuesto «ni es una atrocidad como dice el PSOE, ni tampoco es una maravilla, como dice el PP».

«Podría ser un buen impuesto pero no lo es por insuficiente», ha afirmado Sarrión, convencido de que en ningún momento el nuevo tributo tiene realmente un matiz medioambiental, sino que consiste básicamente en «encarecer el cierre» de la central nuclear.

Tras la votación, el procurador de Cs Manuel Mitadiel ha llamado la atención sobre el «idilio del PP y Podemos» y ha considerado que «no va a llegar a estar operativo por la doble imposición» que será recurrida ante el TC.