Alarmas sin escrutinio
E ste desparpajo de país puesto a fundir y embaular asuntos, sin revisar los pliegues aviesos de su gestión, nos sitúa como espectadores de un carrusel orientado a la tortícolis colectiva, de tanto girar el cuello tratando de seguir la rueda de ocurrencias deslizadas sin más afán que marear al personal. Manteniendo el pedaleo, para que nadie se detenga a escrutar dónde y cómo se camufló el pufo anterior. No es desinterés, sino la costumbre de agitar aspavientos para ganar tiempo, esperando a que prescriban los delitos del anterior invento. Sólo así puede entenderse que absolutamente todo vaya saliendo de manera tan chapucera. Pero es lo que hay. Esta semana, sin ir más lejos, conocimos las tenebrosas conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre el Hubu, acrónimo que corresponde al hospital universitario de Burgos. Y si todas las comisiones investigadoras conducen de entrada al hastío de su ineficacia, a esta hay que atribuirle una ventaja realmente infrecuente: sirvió para poner de acuerdo a todos los grupos de oposición y a los gestores populares de la sanidad autonómica en la perversión del modelo de gestión sanitaria probado en Burgos: más caro e ineficiente que el modelo público aplicado al resto del territorio autonómico.
De hecho, del profuso sumario de la comisión investigadora puede deducirse incluso que los insoportables pero reales retrasos sufridos en las obras de los hospitales clínicos de Salamanca y Valladolid tuvieron su origen en la largueza con los promotores privados del hospital burgalés. Y eso, no porque en el hospital burgalés no hubiera retrasos, que por supuesto que los hubo a tutiplén, sino por la rapidez con que la administración autonómica enredó para conseguir que las demoras empresariales pasaran a engrosar aquel henchido sobrecoste hospitalario. Fue tan gordo el descuadre y tan grave su repercusión sobre el resto del parque hospitalario de Castilla y León que el propio consejero Sáez Aguado confirmó en sede parlamentaria que no volvería a repetir aquel ingenio de gestión. Y si ahora hubiera de abordarse de nuevo, tampoco.
A eso se llama aprender de los errores y meteduras de pata, mientras los portavoces populares, a veces quejosos de los retrasos sanitarios que les afectan por cercanía, ponen cara de felicidad con el invento del Arlanzón. Seguro que todavía no esperaban el mazazo que los madrugó este martes con la renuncia irrevocable del candidato popular Manuel Marchena a presidir el órgano del gobierno de los jueces y el propio Tribunal Supremo de España. Como el mismo Marchena ha explicado por escrito su despedida, no quedan dudas sobre la responsabilidad del patoso Ignacio Cosidó en su decisión.
Porque a través de un guasap de fin de semana dirigido a todos sus senadores conmilitones, este pardal de la policía patriótica se jactó temerariamente y con obscenidad de «poner a un jurista excepcional al frente de la Justicia española, y además controlando la Sala Segunda del Supremo, que juzga a los políticos aforados, desde detrás». ¡Con esa sintaxis doctoral! Hace mucho que conocemos la pésima consideración que los partidos tienen del Senado, como aprisco donde alojar cómodamente los desechos de tienta de sus batallas partidarias. A Cosidó lo colocaron a mitad de partido por la vía de las Cortes de Castilla y León. Ahora ya sólo les queda arrearlo de ahí para despejar de patosos el campo de negociación. Porque obscenidades con la Justicia, en estos tiempos turbulentos, la justas y ni una más. Nunca, desde luego, como gracieta pandillera para animar un fin de semana chismoso.