Partidos por la mitad
C on el país entregado a la bronca y al pataleo, el periódico del lunes nos muestra dos aspectos concurrentes del problema que tiene a la provincia leonesa partida por la mitad y a punto de lograr su asfixia, en medio de la indiferencia general. El más llamativo fue la manifestación del domingo en la plaza de La Robla, que podría repetirse cada semana en las sucesivas cabeceras comarcales del piedemonte provincial, si no hubieran sido previamente desertizadas. Porque el problema que desangra la montaña de Gordón y La Robla es el mismo que afecta o afectó a toda la cordillera. Con una salvedad importante: por razones estratégicas, no existe ya otra población similar en el piedemonte montañés. Sabero, Boñar y Matallana; La Magdalena, Riello y Murias de Paredes hace tiempo que dieron sus últimas boqueadas agónicas. De un extremo a otro de la montaña, se fueron despidiendo con resignación y mansedumbre de la actividad minera y de sus confluencias económicas.
El otro mandoble del lunes lo asesta esta noticia: La Diputación regala a los ayuntamientos decenas de parcelas embargadas a morosos. Luego, la información de Asun G. Puente detalla cómo la institución provincial ejecutó el pasado año diez mil embargos de los ciento diez mil que tiene en circulación, ya sólo pendientes del cumplimiento de plazos. Frente a la conclusión precipitada, que podría suponer que los leoneses rurales somos morosos recalcitrantes, la realidad de esta incautación masiva de baldíos repartidos por todo el territorio provincial pone de manifiesto otro drama aún más grave: la codicia recaudadora está desalojando el ámbito rural de emprendedores (la cifra de ceses de actividad en autónomos resulta escalofriante), y sólo una discriminación positiva en el trato hacendístico puede contribuir a que se reduzca la sangría. Porque si bien es cierto que las tarifas aplicadas a las fincas rústicas rurales son a veces irrisorias (poniendo en duda el propio sentido de persistir con su recaudación), otros rejos clavados sobre la ruralidad agonizante resultan insoportables. Y no quiero limitarme al enunciado solemne, sino entrar en detalles.
Porque mientras no se establezca un sistema fiscal positivamente discriminatorio en sus cargas con el mundo rural, todos los sucesivos empeños en frenar su deserción van a resultar tan baldíos como esas tierras embargadas por la Diputación, que no quieren recibir como legatarios ni los propios municipios. Ya no vale seguir con prédicas fatuas, aplicando a los pueblos y a los resistentes que los habitan el desprecio institucional. Porque no es posible seguir soportando que tres años después de cesar una actividad invasiva y claramente ilegal, aunque autorizada en el Boletín Oficial con todos los corondeles de ordenanza, los alipendes de la Delegación Territorial de la Junta en León sigan sin aplicar la fianza constituida para arreglar los destrozos. A no ser que tampoco esta vez hubiera tal depósito, en contra de lo garantizado por el Boletín Oficial. Los de pueblo ya empezamos a no fiarnos de las apariencias.
Lo acaba de denunciar la consejera Pilar del Olmo respecto a las fianzas inexistentes o ridículas para paliar los estragos de Victorino Alonso en las explotaciones mineras de Laciana, que le van a suponer a la administración autonómica un sobrecoste de treinta millones de euros, a la hora de cumplir el mandato europeo. Si así fuera, como mucho me temo, que el arreglo de los destrozos ilegales causados por la arenera de Carrocera lo paguen de prorrateo el delegado Guillermo García y el director general Ricardo González Mantero con sus pinches indolentes y permisivos. Pero que no sigan incumpliendo acuerdos de sus superiores y riéndose de los pueblos.