El PSOE rechazará la Ley del Menor si no se apoya la adopción exterior

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes, Begoña Núñez, informó de que el PP ha aceptado 59 de las 108 enmiendas presentadas a la Ley del menor, si bien son de mejora del texto (técnicas), porque el proyecto de ley presentado por la Junta era un «amasijo de intenciones, mal ordenado y repetitivo», denunció. Núñez dijo que la Junta debe asumir su responsabilidad y no cargar de competencias a las corporaciones locales en las adopciones, y señaló que la guarda y tutela en situaciones de desamparo debe ser «exclusiva y clara» de la autonomía. «El grupo socialista quiere el consenso», aseveró la portavoz, pero advirtió de que se deben delimitar las competencias y debe figurar el apoyo a adopciones internacionales, que se desarrollaría en el Reglamento de la Ley, dado que muchas familias tienen que desembolsar hasta 18.000 euros (tres millones de pesetas) para adoptar a un menor de fuera de España. Respecto de las diferencias con el PP, citó que la valoración de la Junta para adopciones por parte de parejas de hecho o familias monoparentales no sea negativa, que la Junta no contrate con empresas que exploten a menores, que las entidades colaboradoras cumplan los mismos requisitos que las públicas y que las ONG participen en el Consejo de Menores. Por otro lado, el grupo socialista exige una regulación más estricta para grupos ideológicos que trabajen con menores en el sentido de que no sólo advierta sobre «sectas nocivas», sino que si le consta que eso es así, sean además ilegalizadas. Igualmente, requieren mayores garantías jurídicas ante el acceso de menores al mercado de trabajo y la explotación de estos por empresas, con objeto de que en el primer caso no sólo se impulsen las políticas activas sino también la formación, y en el segundo que la Junta repulse a empresas que puedan incurrir en la contratación de menores. Por último, el PSOE propone que la figura del defensor del menor quede adscrita al Procurador del Común, dotando a la institución de más medios económicos y humanos para la atención de niños y adolescentes, sin descartar en un futuro crear una figura independiente, como en Madrid, aunque en este momento «no es necesaria».