Mario Amilivia propone un fondo estatal contra la despoblación
Cuentas defiende que debe ser diferente al actual de compensación interterritorial
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. NACHO GALLEGO
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha incluido en un informe sobre la financiación de servicios públicos esenciales la recomendación de que el futuro modelo de reparto entre las autonomías cuente con un fondo específico contra la despoblación, que respalde a las zonas con menor densidad de población.
Así figura en la última recomendación del Informe «Análisis de la gestión del programa presupuestario Deuda Pública y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, ejercicios 2004-2021», publicado este jueves, en el que el Consejo de Cuentas repasa las propuestas consensuadas en Castilla y León para que se incorporen al futuro modelo de financiación mejoras en la ponderación de variables como el envejecimiento, la dispersión territorial y la baja densidad de población, entre otras.
La densidad media: sin los municipios de más de 75.000 para que refleje la despoblación.
En concreto, el Consejo habla de que el modelo debería incluir el indicador población necesaria para alcanzar la densidad media sin poblaciones de más de 75.000 habitantes, que ve como el criterio «más adecuado para reflejar el fenómeno de la despoblación».
El informe indica que ese fondo específico para combatir la despoblación debe ser diferente al actual de compensación interterritorial y advierte de que no es adecuado considerar representada la población sólo a través de la superficie.
No obstante, reconoce el Consejo que hasta que se materialice esa reforma «se debe avanzar en la construcción de una variable de población ajustada a los costes efectivos de los servicios prestados por las comunidades autónomas, con una adecuada ponderación de las variables determinantes del gasto por bloques competenciales, especialmente las no poblacionales tal y como señala el artículo 83.6 del Estatuto de Autonomía».
El Consejo de Cuentas analiza que el gasto social por habitante en Castilla y León ha pasado de 2.514 a 3.219 euros de 2009 a 2021, el cuarto mayor aumento autonómico con un 28 por ciento, y a la par la Comunidad acumula un déficit de financiación en ese periodo —la diferencia entre lo recibido y ese gasto social— de 6.722 millones de euros, 5.137 millones si se descuentan los recursos por la covid. Ello supone «una infrafinanciación de 395 millones, con un 6 % de promedio de gasto social no cubierto»; que supone un déficit medio por habitantes de 158 euros.
Y teniendo en cuenta las propuestas de la Comunidad al grupo de trabajo del Ministerio para reformar el modelo de financiación, se deberÌa aumentar la ponderación de las variables asociadas al gasto de sanidad y servicios sociales del 38 % al 45 % y del 8,5 % al 10 %, respectivamente, tendiendo a las proyecciones de población del INE, que hacen previsible una mayor necesidad de gasto en los bloques de sanidad y servicios sociales y un menor gasto en educación. En Sanidad: actualizar los coeficientes por el gasto de cada CCAA.
En los indicadores asociados a los gastos de sanidad, se deberÌa actualizar los coeficientes asociados por tramos de edad para la población protegida, en función del gasto realmente asumido por las comunidades autónomas, que depende del copago de las recetas farmacéuticas.
Plantea ademas que «se deberían modificar los indicadores asociados a los gastos de educación de manera que se considere parte de la población que cursa estudios no universitarios y al alumnado universitario, modulando la intensidad real de uso de este servicio en función de una tasa neta de escolarización en educación universitaria de 18 a 24 años; o considerando los matriculados en grado de máster y doctorado de cada Comunidad.
Respecto a servicios sociales, el Consejo plantea que se considere la población mayor de 65 años en grupos quinquenales de edad ponderados en función del grado de dependencia reconocida.
Una nueva variable sobre el coste de mantener las residencias en el territorio. Y pide una nueva variable que tenga en cuenta el coste diferencial del mantenimiento de los centros residenciales para las personas mayores en las distintas comunidades autónomas y su distribución en el territorio. La Junta debe incluir la deuda de todo su sector público.