La Junta se rebela contra la amnistía
Mañueco anuncia la presentación del recurso de inconstitucionalidad El presidente de CyL dice que actúa contra una norma «inadmisible» porque «vulnera la igualdad de todos los españoles»
Mañueco ayer, durante la visita a la planta de Europe Snacks de Medina del Campo. RUBÉN CACHO
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará hoy, en su reunión ordinaria, el acuerdo por el que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento a iniciativa del Gobierno de España.
Así lo anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que consideró «inadmisible e inconstitucional» la norma porque «vulnera la igualdad de todos los españoles», por lo que, tras la remisión del informe del Consejo Consultivo que avala la presentación del recurso, el Consejo de Gobierno aprobará mañana la decisión para presentar el recurso por los servicios jurídicos de la Junta antes del 11 de septiembre.
Aunque Mañueco aseveró que los detalles del recurso los dará mañana el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, sí quiso recordar que la Ley de Amnistía «es claramente inconstitucional, vulnera la igualdad de todos los españoles y ataca el estado de derecho».
La Junta decidió presentar un recurso ante el propio Tribunal Constitucional para ejercer «la defensa de nuestro estado de derecho, de la democracia española y de la igualdad de todos los españoles ante la ley».
«Se producen unos privilegios ante la ley que son inaceptables», sentenció Mañueco, que insistió en que la aprobación de la Ley de Amnistía es «una compraventa de votos para que Sánchez siga en La Moncloa» a cambio de «un hecho gravísimo: borrar los delitos de sus socios separatistas».
En el Consejo de Gobierno del pasado jueves, el primero tras las vacaciones estivales, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ya avanzó que el recurso se iba a presentar sin agotar el plazo, que finaliza el 11 del mes de septiembre, tres meses después de la publicación de esta ley en el BOE.
La Junta de Castilla y León reclamó además ayer al Gobierno de España una política migratoria «de Estado y que involucre a todos los agentes», además de incidir en la necesidad de que «se dialogue y se hable con las comunidades, que nos dejemos de ocurrencias y vayamos a las realidades», según señaló la número dos del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
«El problema del Gobierno de España es que no tiene una política migratoria. La política migratoria es de Estado. Se tiene que hacer desde el acuerdo, desde el consenso, una política planificada, porque hablamos de personas y no se puede hacer desde la improvisación, desde el titular que damos a finales de agosto cuando realizó un viaje», subrayó.
«Los presidentes de las comunidades autónomas le han demandado una conferencia de presidentes, precisamente, para hablar sobre estos temas y dar soluciones como medidas en origen, ayudar a esos países precisamente a desarrollarse, control de fronteras, como se está haciendo en otros países. Implicar a la Unión Europea. Somos la frontera sur de Europa, frontera de entrada», advirtió la consejera de la Junta.