Los socialistas reclamarán en septiembre la reforma de las leyes que regulan estas sociedades
El PSOE solicita que las empresas de la Junta contraten por concurso
El Procurador del Común ya emitió un informe en este sentido el pasado mes de junio
Fernando Vicente, durante la comparecencia ante los medios de comunicación de Valladolid
El Partido Socialista de Castilla y León solicitará en septiembre la reforma de las leyes que regulan las cinco empresas públicas de la Junta para que la contratación de personal en estas sociedades se efectúe bajo los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. El PSOE recoge así la petición del Procurador del Común, Manuel García Álvarez, quien en el mes de junio emitió cuatro resoluciones para proponer a la Junta la modificación de los criterios de selección en sus empresas públicas. En la actualidad, las leyes de estas sociedades facultan a la Administración autonómica a formalizar los contratos en el ámbito privado lo que, a juicio del secretario de Organización del PSOE, Fernando Benito, provoca situaciones de «clientelismo claro». Desde el punto de vista del Procurador del Común y del PSOE resulta «evidente» que estas empresas persiguen «intereses públicos», por lo que parece lógico que la contratación de personas no debe circunscribirse al «ordenamiento jurídico privado», sino a unos criterios que respeten «los principios constitucionales». La Junta cuenta con cinco empresas públicas en las que trabajan 192 personas: Asociación de Productores de Patata de Siembras de Castilla y León (Appacale, 9 empleados); Gestión de Infraestructuras (Gical, 12 trabajadores); Parque Tecnológico de Boecillo (18 trabajadores); Gestión Urbanística (Gesturcal, 23 empleados), y Sociedad de Promoción del Turismo (Sotur, 102 empleados). De acuerdo con los datos del PSOE, estas 192 personas suponen un gasto en los presupuestos de 4,6 millones de euros. Esperando por la Junta En su resolución, el defensor del pueblo también defendió la modificación de los estatutos de las empresas públicas para asumir este compromiso. La Junta está obligada a comunicar a García Álvarez la aceptación o el rechazo de esta propuesta, aunque el PSOE no tiene conocimiento si el Gobierno autonómico ha aceptado la iniciativa. El PSOE quiere ampliar esta modificación a las fundaciones públicas de la Comunidad (Fundación Siglo, Universidad de Verano, Instituto de la Lengua y Fundación de Hemoterapia) para que la contratación de personal se efectúe bajo los mismos criterios. Aquí se trata de 343 empleados en su conjunto que suponen un gasto de 9,3 millones de euros, según los datos expuestos por Fernando Benito. Esta materia también ha sido analizada por el Procurador del Común, pero no a través de una resolución. En su informe del 2003, Álvarez propone reformar la Ley de Fundaciones para que modifiquen sus convocatorias de selección de personal.