La adaptación del anteproyecto a la norma nacional era el principal escollo de la negociación
PP y PSOE, muy cerca del acuerdo para la reforma de la Ley de Cajas
Ambos partidos pretenden que la normativa se tramite en las Cortes sin la fase de enmiendas
Representantes de los grupos parlamentarios del PP y el PSOE acercaron ayer posturas sobre la reforma de la Ley de Cajas autonómica para adaptarla a la normativa nacional e introducir algunas novedades, y se dieron de plazo hasta el 15 de octubre para llegar a un acuerdo sobre esta normativa. El portavoz parlamentario del PP, José Antonio de Santiago-Juárez, y el responsable de Economía del PSOE, José Francisco Martín, coincidieron ayer en la voluntad de llegar a un acuerdo, tras la primera reunión formal para analizar el anteproyecto de ley elaborado por la Junta, que tuvo como representante a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. «Intentaremos que se tramite en el Parlamento por medio del procedimiento de lectura única -sin fase de enmiendas- para agilizar la aprobación», detalló De Santiago-Juárez, como ejemplo del consenso que animó esta primera reunión. De Santiago-Juárez y Martín consideraron que el acuerdo será fácilmente alcanzable ya que las propuestas del PSOE coinciden en parte con las recomendaciones del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de ley y otras dependen de «cuestiones de legalidad no de diferencias políticas», expresó el responsable popular. El próximo 15 de octubre volverán a reunirse responsables de ambas formaciones tras diez días en los que tanto el grupo popular, mayoritario en las Cortes de Castilla y León, como la Junta habrán analizado las cuestiones planteadas por el grupo socialista. El PSOE está de acuerdo en el articulado de la reforma de la ley que permite adaptarla a la normativa nacional y las diferencias afectarían a aquellos aspectos que pretende introducir la Consejería de Hacienda aprovechando los cambios que deben introducirse, y que deberían haber estado aprobados a finales de junio pasado, explicó Martín. Impositores de otras regiones Las adaptaciones a la ley nacional de Cajas se refieren al porcentaje de depósitos que tiene que haber en ayuntamientos de otras comunidades para que esos impositores y corporaciones locales tengan representación en las asambleas de las cajas de ahorro de la comunidad y a la creación de las comisiones de retribuciones y auditorías. El acuerdo pasaría, según Martín, porque el «Gobierno regional incluyera en el proyecto de ley que apruebe las propuestas socialistas». Algunas de las propuestas que en principio iba a introducir la Junta en la reforma, como la modificación de la representación de los grupos de interés general, y que provocó la contestación del PSOE, no se incluirán en el anteproyecto.